Castigo equivocado

La ejecución de Ismael Enrique Arciniegas Valencia en China lleva a reflexionar sobre los extremos en que se mueve la discusión acerca del narcotráfico y la manera de combatirlo. Es el eterno debate que genera una actividad que ante todo causa daño a la sociedad y destruye la vida de quienes caen en el sombrío mundo de la drogadicción.

Lo primero que debe descartarse es el respaldo a la pena de muerte que la Justicia de la República Popular de China le decretó al colombiano por haberlo sorprendido cuando trataba de introducir cuatro kilos de cocaína. Si bien la sentencia es producto de factores culturales y políticos como considerar el narcotráfico una actividad cercana al asesinato porque pone en peligro la vida de los consumidores, Colombia no puede aceptar la pena de muerte a ninguno de sus nacionales.

Esa no es una solución a ningún tipo de delincuencia por más daño que cause. Por el contrario, aceptarla o imponerla es una forma de mostrar debilidad para perseguir el delito y una equivocada manera de elevar ese castigo a la categoría de ejemplarizante porque sirve para disuadir a quienes pretendan cometer lo que sin duda es una conducta peligrosa para cualquier sociedad. La prueba está en que Arciniegas no es el único que ha sido convicto de narcotráfico en China, ni será el último, sea colombiano o de cualquier otra nacionalidad.

Dicho lo anterior, también hay que expresar que en ninguna sociedad, en especial la nuestra que ha padecido las tragedias más terribles por su causa, la impunidad y la tolerancia con el negocio de las drogas ilícitas puede ser la respuesta. Y que seguir insistiendo en el divorcio y las diferencias entre países productores y consumidores para proclamar el fracaso de la lucha antinarcóticos y reclamar la despenalización o la legalización es algo más parecido al avestruz que mete la cabeza en la arena tratando de hacerle el quite a los peligros, que a una solución real.

La actuación del Estado como organización responsable de la salud y de la seguridad de los ciudadanos está entonces entre dos extremos. El uno que castiga con rigor máximo a quien sea encontrado culpable. El otro, que prioriza el tratamiento a los consumidores por encima del deber de perseguir y castigar a quienes no les importa la salud y la vida de esas víctimas e imponen su ambición de lucro a cualquier consideración humanitaria.

Volviendo a la ejecución del señor Arciniegas, quien según se ha conocido fue encadenado a una cama y le proporcionaron tratos degradantes, hay que lamentar siempre ese final inaceptable. Para los sectores que consideren la muerte como un final justo de quien ha cometido crímenes, hay que recordarles que la humanidad ha ido librado una lucha enorme para lograr que se considere la vida como un derecho intocable. Y que, para bien de la especie humana, son cada vez más las sociedades que en el mundo consideran la pena de muerte como un ejercicio de barbarie que pertenece a regímenes totalitarios, sea cual fuere su origen cultural.