Anuncios y realidades

Desde siempre, la educación para todos es una bandera de los gobiernos de turno. Sin embargo, los frecuentes fracasos producto de malas decisiones, de la corrupción o de la falta de controles, se han convertido en el gran enemigo de un derecho sobre el cual puede basarse gran parte del progreso de la Nación.

El último de esos malos sucesos es el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa. Creado en el 2016 para construir 30.693 aulas que resolviera el 60% del déficit en la infraestructura escolar, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, que le dio vida aseguró que el FFIE tendría “recursos asegurados del gobierno nacional para el PNIE por 2 billones de pesos con procesos de contratación más eficientes”. Nada ni nadie podría estar más de acuerdo con ese propósito ni poner objeción alguna a la declaración tajante del Gobierno.

Tan importante proyecto concitó la inmediata participación de 28 departamentos y cientos de municipios, los cuales entregaron recursos que si bien no son del tamaño del aporte nacional, sí significaban esfuerzos de importancia para sus arcas. En el caso del Valle, el departamento entregó $17.000 millones, esperando que se cumplieran las promesas de terminar en dos años las obras de “construcción nueva, ampliación y adecuación, reconstrucción, mejoramiento y recuperación” de las aulas que se anunciaron en ese entonces.

Han pasado tres años y los resultados son desalentadores. Según el informe presentado por el Ministerio de Educación en estos días, sólo el 19% de esas aulas nuevas están en construcción y su avance es menos del 30%, mientras el 17% ni siquiera se han iniciado o tienen diseños. Y el 70% de los proyectos están en riesgo de incumplimiento con niveles de adelanto menores al 20%. En el caso del Valle, donde el convenio con el FFIE entregaría soluciones para 6959 estudiantes en 10 colegios, el retraso ha generado el reclamo de la Gobernadora para que los contratistas y los directivos del Fondo cumplan con la inversión de 50.000 millones para los cuales entregó el 30% estipulado en los convenios.

Y en otros departamentos la situación es más incierta debido a la forma en que tales proyectos fueron contratados y la manera en que los contratistas pretenden evadir sus obligaciones. En muchos de ellos aparece la misma firma que se niega a reconocer su incapacidad para cumplir los cronogramas o lo que parece ser una insolvencia manifiesta, lo que de por sí contradice los planteamientos del Conpes de 2016 arriba citado.

Ahora sigue el proceso administrativo y judicial para declarar los incumplimientos y tratar de recuperar las sumas perdidas, en tanto que la Nación no tiene argumentos para responder a la Gobernación del Valle por los $17.000 millones embolatados. Y mientras tanto, miles de estudiantes han sido desplazados para reparar o reconstruir sus aulas.
Ese contraste entre los anuncios y las realidades es el que hace reclamar que la oferta de transparencia en la contratación y la educación para todos sean una realidad y no un mero enunciado político.