No están solos...

“Estamos aquí porque queremos dar un mensaje a la comunidad de Llano Verde, de que no están solos”: Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa.

Sí, Ministro, lo saben bien las familias de Juan Manuel, Jaír Andrés, Jean Paul, Leyder y Álvaro José, no están solas. Y lo saben bien las parentelas de Cristian Felipe y Maicol Estiven (otros dos niños acribillados en zona rural de Leiva, Nariño, 48 horas antes de esa masacre). Y ahora también lo saben los allegados de ocho o nueve personas, entre los 18 y los 24 años, masacradas en Samaniego anteayer.

No están solos porque, como ellos (en Cali, Leiva o Samaniego), son miles y miles los niños y jóvenes en Colombia que viven en la incertidumbre de saber si hoy es el último de sus días.

Ya sea porque la violencia, disfrazada de legalidad o de ilegalidad, les dice que les ha llegado su turno y los quita de en medio de las formas más atroces. Siempre, o casi siempre, sin dejar huella, lo que no deja de causar asombro.

O ya sea para matarlos de otras formas, como aquella de perder la libertad (que también es morir, y no poco) cuando los reclutan a la fuerza. Eso que no sólo pasó ayer, cuando lo hicieron las Farc antes de ser la Farc y que luego vienen a negar sin vergüenza, en súbito ataque de amnesia sobre sus andanzas en aquellos tiempos del monte. Flaco favor a la paz, como resultado que debe ser de la verdad.

Eso, reclutar menores (siempre a la fuerza, como corresponde, sin excepción, a todo reclutamiento con propósito militar), sigue su marcha.

Ya lo había dicho en febrero pasado el saliente defensor del Pueblo, Carlos Negret: “Es increíble que (Eln, Agc y bandas criminales) sigan reclutando niños en el Chocó (...) de doce y once años. Esto no se compadece con lo que deben estar haciendo (...) en los colegios (...), no portando armas de corto y largo alcance”.

Y peor es ahora, en plena pandemia, eso que no sabe el país. O que no quiere saber. Ese país que se levanta temprano en Bogotá a mirar la vida desde las alturas del centralismo, mientras regiones enteras -que incluyen, entre otras, densas áreas de los departamentos de Chocó, Cauca, Putumayo y Nariño- padecen doble confinamiento:

Uno, el que ordena el Gobierno Nacional, que es lo de menos porque ni confinamiento es. Y otro, el de verdad, ese que imponen los grupos al margen de la ley, con toques de queda, peajes, retenciones (que pueden terminar peor) y otros abusos. Allí, la ausencia de Estado es regla general y los más chicos se convierten en botín o en objetivo de la guerra. Tal cual, en los cinturones de las grandes ciudades.

Lo denuncian los propios niños con esa decisión de llamar a las cosas por su nombre. Y lo ratifica la Iglesia Católica. Lo han dicho hasta la saciedad en las últimas semanas los monseñores Juan Carlos Barreto (Quibdó), Darío de Jesús Álvarez (Istmina y Tadó) y Carlos Alberto Correa (Guapi). Y nada pasa, sólo la impunidad que navega a placer por ríos y camina sin obstáculos por las trochas.

“La orden que dan es que la gente no se puede mover, ni siquiera se permite el derecho a buscar atención en salud porque creen que van a servir de informantes. Y cuando los dejan marchar es porque los desplazaron, eso a lo que se ven obligados para salvar sus vidas. Cuando lo alcanzan a hacer”, me dice uno de los vicarios por teléfono, consciente, él y los otros dos, de que “Colombia es más territorio que Estado”.

Esos territorios en los que el Estado es incapaz de garantizarles el mínimo derecho a la vida (y también a la honra, porque, antes que investigar, es más fácil poner en tela de juicio lo que hacían o dejaban de hacer) a Juan Manuel, Jaír Andrés, Jean Paul, Leyder, Álvaro José, Cristian Felipe, Maicol Estiven y a los ocho o nueve caídos en Samaniego.

Todos ellos, y miles más, no están solos, Ministro. Son parte de una inmensa Colombia que hoy vive la peor de tantas cuarentenas padecidas en el pasado, en medio de la orfandad de siempre.

Sigue en Twitter @VictorDiusabaR