Justicia restaurativa

No sorprende la descalificación inmediata de algunos a la propuesta de Néstor Osuna, ministro de Justicia, con la que se pretende obligar a los autores de robos de celulares a devolver el aparato hurtado. Aparte de pagar un periodo del plan móvil de la víctima.

Digamos que la gente tiene derecho a creer o no, en la viabilidad de este tipo de iniciativas. O de ocurrencias, como se les quiera llamar. Lo que no resulta aconsejable es dejar de lado un mínimo análisis sobre ellas.

Quizás pese mucho este primer mandamiento de nuestra sociedad, el de no creer en nada. De hecho, ante la ausencia de justicia, el ciudadano termina por creer que lo mejor es dejar de confiar en ella.

Gran error. De ahí solo se desprenden consecuencias tan nocivas como la de someternos a la impunidad, con el tan lamentable ‘no dar papaya’ al que recurren algunas autoridades para acallar las voces que reclaman su presencia. O ese remedio siempre más malo que la enfermedad que es recurrir a la mano propia, a la justicia privada.

La idea del ministro Osuna debe tener algún propósito. A lo mejor, no se trata de improvisación. Y quién sabe si tampoco sea mera candidez. De pronto, tiene más sustento de lo que podemos imaginar.

Y lo tiene. Para comenzar, veo que la justicia restaurativa cuenta con una larga historia de resultados palpables.

Primero lo intentó Noruega hace medio siglo (años 70). Siguieron luego esa misma pista Alemania, Bélgica y Francia. También tiene horas de vuelo en Estados Unidos y Canadá.

¿De qué se trata esa corriente (le llamaría filosofía) a la que las propias Naciones Unidas consideran como ‘respuesta evolucionada al crimen’? La definición clásica de uno de sus inspiradores, el criminólogo estadounidense Howard Zehr, habla de “un proceso que involucra, en la medida de lo posible, a los afectados por un delito y así, colectivamente, identificar y abordar los daños, necesidades y obligaciones con el fin de curar y hacer las cosas bien”.

Visto así, con la involucración de víctimas y victimarios, más necesidades a satisfacer y obligaciones a cumplir, y curación de ñapa, uno entiende que surja el escepticismo como primera reacción.

Pero, si de incorporar la justicia restaurativa a lo que conocemos como justicia tradicional, ¿valdría la pena intentarlo? El mismo profesor Zehr parece hablarnos cuando se refiere a países “sin un imperio de la ley claro” en los que se necesita un sistema para las personas que nieguen su responsabilidad y en el que, además, los derechos humanos sean protegidos. Dice en una entrevista concedida a Virginia Domingo de la Fuente: “Mi sueño sería un sistema que combinara las dos, aprovechando los puntos fuertes de cada una”.

Entonces, sería bueno abrir la puerta al debate. Eso sí, sin cargas partidistas. Vean, por ejemplo, cómo hace unos años un concepto como el de la mediación no pasaba de ser visto aquí como una utopía. Porque lo conozco y lo he seguido, déjenme contar aquí que el Programa Justicia para una Paz Sostenible, patrocinado por Usaid, formó 1331 operadores de justicia en talleres de Métodos de Resolución de Conflictos (MRC).

¿Saben cuántos acuerdos y conciliaciones se lograron en los últimos cuatro años, gracias a esa formación y a la socialización en comunidades afectadas por el conflicto en el sur de Córdoba, Urabá, Chocó, Pacífico nariñense, Putumayo y norte del Cauca? 18.823 casos. Sí, leyó bien: 18.823 líos que se resolvieron de manera civilizada, líos de esos entre vecinos que muchas veces terminan tan mal. ¿Y por qué algo así no es noticia? Ah, ese es otro tema.

Sí, una cosa es la mediación y otra, muy diferente, la restauración. Pero, quizás algún día, tanto la una como la otra tengan el lugar que merecen en un mundo que tarda mucho en encontrar su propio sentido común.