Caras de la inmigración

“Ábranse, vienen a hacer lo que se les da la gana”. Esa expresión, y el procedimiento a empujones de unidades de la Policía Nacional en Bogotá contra una familia venezolana de la que formaban parte niños, generó molestia entre sinnúmero de personas, tal y como lo expresaron en redes sociales.

Y coincido con ellas. No son estas las mejores formas de imponer el orden. Por el contrario, esas maneras de proceder generan una interpretación xenofóbica que muy mal les queda a quienes representan la autoridad y, más allá, a la institucionalidad. Nada mejor pues que reconocer el error y aprender de él.

Pero así como es necesario ese tipo de aclaraciones, no lo es menos que en ese mismo hecho, y en otros, en que se ven involucrados nacionales del vecino país, se deje de calificar como xenofobia toda intervención oficial. Mejor dicho, ni tanto que queme al santo pero tampoco que no lo alumbre. Aunque ya se sabe que en este tema el oportunismo político incursiona y obtiene réditos inmediatos.

Porque, con infortunadas excepciones, es buena la acogida de que han sido objeto los venezolanos que han decidido pasar a Colombia, como única forma de sobrevivir a los abusos de Nicolás Maduro y su pandilla. Así lo dice y lo agradece la mayoría.

Sin embargo, al lado de esa política de puertas abiertas debe haber el necesario respeto a la ley a la que están obligados los inmigrantes, no menos que nosotros mismos.

Hace unas semanas, a raíz de varios hechos delictivos en que se vieron involucrados algunos de ellos, alguien preguntaba por su incidencia en las tasas de violaciones a la ley. Ocurre que, como pasa casi siempre, la realidad resultó mucho menor a la percepción.

Lo que sí no admite duda es que cuando eso sucede -cuando ciudadanos extranjeros de esa nacionalidad, o de cualquier otra, infrinjan normas establecidas, más aún con acciones que ponen en peligro la integridad y bienes de cualquier ciudadano que habite en Colombia-, deben ser castigados tal y como lo contemplan los códigos.

Pero además, de ser necesario, expulsados del país. Como sucedería con cualquier persona extranjera en otra nación. En eso coincido con Claudia López, alcaldesa de Bogotá, tal y como lo expresó en campaña.

Y tengo una coincidencia más con ella sobre este mismo tema en algo que se está volviendo demasiado común. Me ha pasado en lugares tan distintos como Roldanillo, Cali, Tuluá, Puerto Asís, Apartadó, Montería y, cómo no, Bogotá: encontrarme con la buena atención de empleados -en particular del sector del comercio y servicios- que son venezolanos.

Lo agradecí en su momento, y lo voy a seguir agradeciendo. Pero me hice la misma pregunta que se hizo Claudia y que se habrá hecho usted: ¿quienes contratan a estas personas les cumplen con todas las obligaciones contempladas en nuestra legislación laboral?

Hummm, lo dudo. ¿No será acaso que hay una salvaje explotación que linda con la esclavitud por parte de muchos compatriotas nuestros, aprovechando las necesidades de los inmigrantes? ¿A cuántos colombianos mandaron a la calle para suplirlos por personas venidas del exterior, a quienes, sabedores de sus angustias y necesidades, pagan nada más que centavos?

Eso es un delito. A quienes se encuentre incurriendo en ese miserable mercado se les debe penalizar. Autoridades, tanto de Migración como del Ministerio del Trabajo deben actuar ya, sin miramientos. Porque esto de xenofobia no tiene nada y sí, en cambio, es una forma de exigir respeto por los inmigrantes. Y por nosotros mismos, como la sociedad que pretendemos ser.

Sigue en Twitter @VictorDiusabaR