¿Qué hacemos?

Cada quince días, cuando me siento a escribir esta columna, aseguro que se la dedicaré a algo amable, diferente, que nos llene por un ratico el corazón. Pero se me volvió un imposible, porque cuando veo lo que pasa en mi ciudad, en mi región y en el país, me asaltan por igual la decepción y la indignación.

Parece increíble que la corrupción en Colombia cueste lo que cuesta y no pase nada. Aquí se roban cualquier dinero que ingrese a las arcas públicas y así se van por el desagüe que llega directo al bolsillo de los ladrones entre 50 y 80 billones de pesos al año, cifras en las que coinciden la Contraloría General de la Nación, Transparencia por Colombia y Fedesarrollo.

Ese tarrado de plata, para que dimensionen cuánto significa, equivale a entre el 12,3 y el 19,7% del Presupuesto General de la Nación que para el 2023, es de $405,6 billones. Saquen conclusiones, o mejor, multipliquen ese número por la cantidad de años que llevan escuchando sobre corrupción y calculen cuánto se perdió en ese tiempo, cuántas obras se dejaron de hacer, cuántas necesidades urgentes no se cubrieron por falta de recursos o a cuántas reformas tributarias corresponden.

La corrupción tiene aliados que la alientan, dos de ellos imprescindibles para seguir haciendo de las suyas: uno es la impunidad. Apenas 4 de cada 100 delitos de ese tipo en el país terminan en fallos condenatorios o absolutorios. El resto prescribe por vencimiento de términos o, más grave, las penas impuestas son irrisorias y los dineros esquilmados nunca se recuperan.

En Cali sabemos bien lo que es eso. ¿Recuerdan que de los 73 procesos abiertos contra Jorge Iván Ospina por sus actuaciones en su primera alcaldía, 59 prescribieron por vencimiento de términos? Y poco esperamos de los 14 que cursan por hechos de su actual administración por presuntas irregularidades en la celebración de convenios interadministrativos, en la Feria Virtual del 2020, en el alumbrado móvil de ese mismo año o por favorecer a familiares.

El otro aliado es la indiferencia ciudadana. Si los afectados somos quienes ponemos de nuestro bolsillo el 60% de los ingresos de la Nación a través de los impuestos, ¿por qué nos quedamos en neutro cuando los corruptos se roban el erario? Como tampoco hay sanción social, los ladrones de nuestros recursos se creen con licencia.

Solo para que esta columna tenga más contexto, les enumero algunos presuntos actos de corrupción que se conocieron en la más reciente semana:

- En la Aerocivil se pagaron sillas a $11 millones; se descubrió un cartel que certificaba horas de vuelo a pilotos y entregaba licencias sin cumplir los requisitos; 100 funcionarios trabajarían para el narcotráfico; y existiría una nómina de funcionarios fantasmas que solo aparecen para cobrar el sueldo.

- Siete guardias del Inpec fueron capturados por permitir el ingreso de elementos prohibidos, armas y estupefacientes en la cárcel Modelo.

- En la Unidad Administrativa de Servicios Públicos de Bogotá, se denuncian contratos irregulares por $42.000 millones.

- Oficiales del Ejército irán a juicio por un contrato irregular para tramitar vía web la libreta militar.

- En Cali la Procuraduría anunció la investigación al alcalde por un presunto detrimento patrimonial por $5281 millones en la Feria Virtual del 2020.

Podría continuar hasta el fin de los días y no acabaría porque la corrupción no calma su hambre y seguirá campante mientras llene los bolsillos del funcionario público, del político, del contratista, del empresario, del guarda de tránsito, del que cuida a los reclusos, del controlador aéreo, del votante...

Por eso vemos que se arreglan los separadores viales pero no la malla vial; que se inventan proyectos milmillonarios para ver qué tajada se saca; que puentes y carreteras tienen sobrecostos o quedan inconclusos; que el narcotráfico mueve 970 toneladas de cocaína al año y en las cárceles quienes imponen la ley son los presos.

¿Qué hacemos usted y yo mientras tanto? ¿Seguimos indiferentes?