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Noviembre 18, 2019 - 11:45 p. m. Por: Vanessa De La Torre Sanclemente

Ha dicho el presidente Duque de todas las formas posibles lo obvio: que la protesta pacífica es un derecho constitucional, que el vandalismo y el delito atentan contra las libertades ciudadanas y que el gobierno está tomando precauciones para evitar que vándalos y grupos armados ilegales generen caos este jueves en Colombia.

Protestar es un derecho, es un medidor de la libertad; la movilización social es la vía que usan los ciudadanos, ahora, ayer y siempre, para decirles a sus líderes lo que están sintiendo. Y las marchas terminan saliéndose de control cuando los gobernantes de turno no escuchan a sus pueblos. El caso más emblemático es, por supuesto, la revolución francesa que terminó con la monarquía en Francia y ubicó a los ciudadanos, a usted, a mí y a todos los demás, en el mismo punto de la pirámide social. Porque de eso se trata la democracia: de que somos todos iguales, con los mismos derechos y -también, que no se nos olvide- con las mismas responsabilidades.

Entonces, salir a marchar es un derecho consagrado en la médula de las naciones democráticas. Pero respetar los espacios públicos y comportarse con los principios elementales de convivencia que son lejanos del vandalismo y el delito es también responsabilidad de quienes salen a las calles.

Hay en el planeta, desde la Patagonia hasta Hong Kong, un inconformismo que se siente en las calles. Cómo no. Si la civilización occidental prometió hace 30 años que el neoliberalismo era el futuro, que trabajando todos por igual podríamos tener las mismas condiciones de vida. Y el mundo, en contraste, es testigo cada día de cómo la modernidad llegó con cielos y ríos contaminados ante la mirada esquiva de quienes manejan el planeta, que no han sido capaces de equilibrar desarrollo y protección ambiental. Ni desarrollo y beneficios para todos. Cerrar la brecha de la desigualdad social sigue siendo el reto máximo de los gobernantes, no de Colombia ni de América Latina, sino del mundo entero. Porque, además, ahora con la rapidez y la conectividad de las redes sociales, nos enteramos más fácil de cómo viven los demás y qué tanto poder adquisitivo tienen tantos a punta de corrupción y ante la falencia de los sistemas de justicia.

Colombia va a marchar, sí, como tantos otros lugares del mundo. Porque la gente quiere que el trabajo implique lo que debería implicar: igualdad. Porque hay una clase media más educada que antes, que vota libremente, que ya no se cree las mentiras de los extremismos, que soñó con un proceso de paz y que ve cómo mueren líderes sociales y exguerrilleros que dejaron las armas.

Tiene entonces en las manos el gobierno Duque una oportunidad de oro: entender a sus ciudadanos. Abrazar los intereses de esa gran mayoría de colombianos que son marchantes, no vándalos. A los vándalos, ahora y siempre, hay que frenarlos. De lo contrario queda uno con la amarga inquietud de a quién es que le funciona que existan y que deslegitimen algo tan importante como el derecho elemental a pedir un mejor futuro.

Sigue en Twitter @vanedelatorre

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