Unidos en la diferencia contra la violencia, la corrupción y la miseria

La trilogía de violencia, corrupción y miseria que, desafortunadamente, hemos estado viviendo en Colombia desde hace varios años tiene como característica esencial que afecta a diversos sectores de la población colombiana, así como al derecho democrático a la convivencia pacífica y a una política integral de defensa de los derechos humanos.

Como esos tres males afectan por igual a personas que se definen de derecha, centro o de izquierda, esa realidad nos obliga a saber unirnos en la diferencia para luchar mejor contra ellos, por ser inhumanos y antidemocráticos. También nos exige no temer coincidir con diversos sectores políticos y sociales de la población y del propio Gobierno nacional.

Si analizamos cada uno de esos tres males, podemos concluir que la población colombiana no puede seguir siendo prisionera y víctima de una violencia irracional que nos afecta desde hace más de 70 años. En ese propósito, no podemos aceptar la falsa tesis de que existe una violencia buena y otra mala, porque, sencillamente, la violencia venga de donde venga o la ejerza quien la ejerza, es mala y contraria al derecho de la población urbana y rural a la convivencia pacífica.

En tal sentido, y teniendo en cuenta que los esfuerzos de diálogos y los acuerdos para encontrar un camino no violento que permita poner fin a tanta violencia se han venido agotando, principalmente por la irracionalidad y las exigencias desmedidas de los grupos armados ilegales, es apenas natural que al actual Gobierno se le haya agotado la paciencia. Por ello, uno de sus propósitos en los actuales momentos, es contribuir por las vías militar y constitucional, a poner fin a la existencia de los diversos grupos armados ilegales, llámense guerrillas, paramilitares o autodefensas.

En tal sentido y de acuerdo a mi opinión personal, considero que una política pública de cero tolerancia con la violencia, debe ir siempre acompañada de una política pública, a todo nivel, de lucha frontal contra la corrupción y la miseria.

Debo confesar que la vida me ha enseñado a lo largo de estos 80 años que nada ganaríamos como Estado si la lucha contra la violencia no la relacionamos con la tarea diaria que tenemos, en los ámbitos nacional, regional y local, de combatir la corrupción y la miseria.

Con esos propósitos democráticos, y por iniciativa de los diversos sectores sociales y políticos de la población, así como del Gobierno nacional y del Estado colombiano, deberíamos promover la creación voluntaria de un gran fondo económico solidario que, mediante aportes grandes y pequeños, tenga como propósito fundamental la solidaridad con los niños y las niñas, así como con las personas con discapacidad o en situación de abandono total.

Es posible que algunas personas que parecen aves de mal agüero, o que tienen la pretensión ser las más ricas del cementerio, nos digan y repitan que la iniciativa de crear un fondo mixto solidario es una responsabilidad exclusiva del Estado y no de quienes estamos convencidos de que compartir el pan hace parte de nuestro deber democrático de contribuir a construir una Colombia en paz, libre de violencia, corrupción y miseria, en la que primero estén los seres humanos, empezando por los niños y las niñas.