Tragedias naturales, corrupción y violencia

Colombia es un país expuesto de manera permanente a diversas tragedias naturales como consecuencia del cambio climático y la propia composición geográfica, donde predominan tres cadenas de altas montañas, ríos cortos y torrentosos en épocas de lluvias y una débil infraestructura en la construcción de viviendas populares en zonas urbanas y rurales de la mayoría de los municipios colombianos.

A ello se agregan las precarias condiciones para la mayoría de la población en materia de alimentación, falta de agua potable y de centros de atención básica en salud o centros de pronto socorro en un buen número de municipios de la denominada Colombia profunda

Esa realidad demanda que los alcaldes municipales, en coordinación con los gobernadores de los departamentos, procuren siempre en casos de tragedias naturales, la colaboración oportuna y solidaria de instituciones especializadas en ese tipo de eventos como es la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, UNGRD, que depende directamente del Presidente la República.

Todas esas instituciones estatales y otras de carácter mixto o privado que afortunadamente ya existen en Colombia como los cuerpos de bomberos, la Defensa Civil y la Cruz Roja entre otros, bajo el liderazgo coordinado de los Alcaldes, gobernadores y presidencia de la República, tienen el deber constitucional de coordinar y de tener siempre como propósito fundamental la ayuda a la gente y sus familiares, empezando por los niños, los adultos mayores y personas con discapacidad severa.

Es bueno anotar que en esa noble labor de atender oportunamente a la gente víctima de tragedias naturales o causadas por la irresponsabilidad de los seres humanos, los organismos de socorro estatal, tiene la ventaja de poder hacer contratación directa para atender situaciones de urgencia manifiesta. Pero, igualmente, tienen el deber ético de actuar con transparencia, trabajar de manera coordinada en favor de acciones conjuntas como la creación de un fondo común solidario, con recursos públicos y privados, tal como se hizo en el proceso de reconstrucción de Armenia y el eje cafetero con motivo del terremoto de 1999.

En esos propósitos, no puede haber lugar para la corrupción en las entidades locales, regionales o nacionales. Por ello, es muy negativo lo ocurrido al interior de la UNGRD porque impide que los recursos lleguen a la población que los necesita; debilita la coordinación, solidaridad y efectividad interestatal; resta la credibilidad de la población en la responsabilidad solidaria del Estado y se constituye en una forma de violencia contra la población afectada.

La corrupción como la violencia, atentan contra los derechos de la población urbana y rural porque dificultan todo lo relacionado con la atención oportuna y solidaria de las diversas instancias del Estado en las situaciones de tragedias naturales como las que actualmente se están viviendo en diversas regiones de nuestro país.

Por eso un norte ético que siempre debemos tener los seres humanos, por encima de nuestros colores políticos o sociales, es el de la cero tolerancia con la corrupción y la violencia.