Trabajar para no matar

En Buenaventura, ciudad asolada por la violencia y la guerra entre bandas criminales, el presidente Petro lanzó una propuesta que ha desatado gran polémica: dijo que les pagará a algunos jóvenes para que dejen de delinquir y entren a estudiar. “Serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar, por no participar de la violencia, por estudiar”, fueron sus palabras.

En lugar del escándalo fariseo e ideológico contra la frase “pagar para no matar¨, es necesario analizar la propuesta, que tiene un objetivo incuestionable, porque hay preguntas muy válidas sobre su implementación y, sobre todo, porque hay alternativas que pueden ser más eficaces para lograr el objetivo de sacar a los jóvenes de la violencia

Lo primero por decir es que la propuesta no es nueva. En varias ocasiones se ha utilizado el mecanismo de incentivos monetarios para inducir una conducta determinada por parte de los beneficiarios. El programa de ‘Familias en acción’ es el ejemplo más conocido y de mayor cobertura. También se ha usado para disminuir la violencia, como lo hizo la alcaldía de Mockus que con mucho éxito ofreció mercados a los pandilleros a cambio de pistolas y puñales.

Tampoco es una propuesta inesperada. De hecho, el presidente dijo que estos pagos se harían como parte del programa ‘Jóvenes en Paz’, que está incluido en el Plan de Desarrollo, (artículo 348) donde se plantea: “La implementación de una ruta de atención integral a la juventud entre los 14 y 28 años de edad que se encuentra en situación de extrema pobreza, jóvenes rurales, explotación sexual, vinculados a dinámicas de criminalidad”.

Nadie puede objetar la necesidad de estas iniciativas en un país en el que la tercera parte de la población se acuesta con hambre, en el que hay 1,2 millones de jóvenes desempleados y casi tres millones que ni estudian ni trabajan. Mucho menos en una ciudad como Buenaventura donde el desempleo juvenil alcanza el 47%. Lo que es discutible es que programas de transferencias monetarias sean la mejor alternativa para esos jóvenes.

Lo que se necesita es un programa de empleo para jóvenes que cree rápidamente 100.000 nuevos puestos de trabajo. Estos jóvenes, pagados por el Estado, se dedicarían a proyectos de creación de bienes públicos que no requieren un alto grado de capacitación: reforestación y recuperación de cuencas, vías terciarias en el campo, la malla vial en las ciudades, reparación y mantenimiento de infraestructura pública (parques, escuelas, centros de salud, etc.), y servicios sociales para las comunidades.

Para que el programa funcione se requiere la articulación con los gobiernos locales y la colaboración del sector privado, como lo plantea el mismo artículo 348 del PND. Lo primero es fundamental, pues los proyectos en los que se emplearía a los jóvenes son locales y requieren de la aprobación de alcaldes y gobernadores. La participación del sector privado (empresas y ONG’s) se requiere para administrar el programa y su logística. Como se hizo con el Forec en la reconstrucción del Eje Cafetero después del terremoto de 1999.

La pobreza y el hambre de los jóvenes es consecuencia de la falta de un trabajo digno. Las transferencias monetarias les dan presente, pero no futuro; por el contrario, un trabajo remunerado les da ingresos para vivir, pero sobre todo les da dignidad y es el mejor incentivo para no matar.