Temple

La situación de inseguridad y criminalidad en el norte del Cauca y centro y sur del Valle, es cada día peor y los llamados de la ciudadanía y los sectores productivos al Gobierno Nacional para que restablezca el orden público y proteja la vida, bienes y honra de los habitantes, en cumplimiento de un deber constitucional, cada día importan menos. Un escueto recuento de lo sucedido en el curso del año es un pálido reflejo de la realidad.

En los últimos seis meses, para no ir más atrás en el tiempo, han sido asesinados tres trabajadores del sector agroindustrial, ocho han sido heridos con arma de fuego y uno ha sido secuestrado. A lo anterior se suma el enfrentamiento de organizaciones criminales por el control del narcotráfico en la zona, la invasión ilegal de tierras de parte de grupos indígenas y el lamentable incendio de una reserva boscosa en la varias veces ultrajada Hacienda Japio.

Los gremios de ambos departamentos deben estar cansados de hacer llamados inocuos a este gobierno, y a los anteriores, por la poca o nula importancia que le han dado y le dan a la situación de seguridad en el suroccidente de Colombia. A veces pareciera que las autoridades en Bogotá dan por perdida esta región y no existiese interés en recuperarla. Se contentan con darle un manejo a las crisis periódicas, como a un enfermo terminal.

El caso del Cauca es descorazonador. Con las uñas, los caucanos luchan por los restos de una región en otrora pujante sumida en el ostracismo por culpa del crimen organizado y el abuso de comunidades indígenas que con un discurso maniqueo de la ancestralidad, la etnicidad y la defensa de la ‘madre tierra’, ya se han echado al gaznate el 40% de la tierra del departamento, y quieren más. Y nadie a nivel nacional se ha atrevido ni atreve a decir: basta.

La situación del Valle siendo menos compleja, no es de festejar. El sur del departamento se debate desde hace años entre el imperio de la ley y la del hampa, incluida, claro, la de los indígenas invasores, y ni este ni los gobiernos anteriores, ni la Fiscalía ni los jueces se la han jugado de verdad por defender el derecho a la propiedad del resto de mortales y judicializar y llevar a la cárcel a quienes continuamente extorsionan y bloquean sus vías de acceso.

En días pasados, para citar un ejemplo, el país tuvo conocimiento del riesgo vivido por un grupo de periodistas y una comitiva gremial, en un corregimiento del municipio de Cerrito, Valle, al quedar en medio del fuego cruzado entre el Ejército y un grupo armado ilegal. Y circula información sobre la presencia de disidencias de las Farc en Jamundí y no es menos angustiante la situación del centro del Valle, para no recabar en la anarquía de Buenaventura.

Este recuento tiene un propósito: tener claro que la suerte de los vallecaucanos y caucanos no puede depender de lo que se decida en Bogotá, al menos en este Gobierno, complaciente con las organizaciones criminales y la criminalidad indígena. Mano dura han reclamado distintos sectores, mano dura que no llegará fácil. Lo que obliga a pensar en el rumbo que se quiere para la región en los próximos años; es decir, en las elecciones de octubre.

Aplicar la ley, por igual para todos, no es un asunto de izquierda o de derecha, es un mandato constitucional. El relativismo legal no cabe en un Estado de Derecho. El Valle, Cauca, y por supuesto sus ciudades capitales, no pueden darse el lujo y menos en la actual coyuntura, de elegir mandatarios blandengues y contemporizadores con el delito. Empezar a recuperar el Cauca y evitar a toda costa que el Valle corra la suerte del departamento vecino debe ser nuestra prioridad. Eso no ocurrirá sin determinación, liderazgo y temple regional.