Un nuevo pacto social

La primera parte de este escrito apareció este domingo en mi columna de El Tiempo. El país necesita un nuevo contrato social. El primer requisito es erradicar la corrupción y garantizar la seguridad ciudadana en todo el territorio. El acceso a programas de atención en la primera infancia debe ser universal. La educación primaria y secundaria serían obligatorias y todo niño tendría derecho a educación pública de calidad. La educación terciaria contaría inicialmente con sistemas de financiación, becas y matrículas diferenciales con el objetivo de que nadie que quiera educarse o capacitarse no lo pueda hacer.

Estos serían los primeros pilares de una sociedad incluyente. Otros serían acceso universal a servicios públicos básicos, a salud, vivienda y seguridad social. Para eliminar la exclusión y la marginalidad es necesario el empleo residual de emergencia ofrecido por el Estado. Se aumentaría el acceso de los desempleados a capacitación y se crearían brigadas civiles de trabajo temporal remunerado para jóvenes desempleados. En el sector rural se debe acelerar el cumplimento de las medidas y políticas convenidas en el acuerdo de paz, aumentar drásticamente el acceso de los campesinos a la tierra y a los medios de producción, y crear instituciones regionales de extensión y asesoría productiva y comercial. Se debe actualizar el catastro rural y elevar el impuesto predial para financiar estos cambios.


Las claves de la inclusión son educación y empleo sostenible. Para lograr esto último y para generar ingresos fiscales adicionales es necesario inducir mayor crecimiento sostenible a largo plazo que sea menos vulnerable a las variaciones de precios de los productos básicos. Se requiere un esfuerzo sin precedentes liderado por el Estado en desarrollo tecnológico autónomo. Va a ser necesario un cambio de paradigma en las relaciones entre el gobierno y las empresas y que las universidades se aventuren en los campos de la investigación aplicada y el emprendimiento. El papel de líder que le corresponde al Estado en este desafío riñe con la idea de que no debe intervenir en la preselección de actividades y en la economía.

El estado debe garantizar estabilidad económica y social, y que todo el mundo tenga acceso a las oportunidades y que todos aporten y cumplan sus obligaciones con la comunidad, entre las que se destaca la tributación. Una vez controlada la corrupción, no habría razón para que la obligación de declarar renta y pagar el impuesto correspondiente no fuera universal. Las tasas de tributación efectiva deben crecer progresivamente con el nivel de riqueza y de ingreso de los contribuyentes.

La Justicia y las instituciones que previenen el exceso de concentración de poder económico o político deben ser independientes, ajenas a la corrupción y al abuso, y fuera del alcance de los poderosos. El control del ejercicio excesivo de poder a nivel nacional y regional es imperativo, sobre todo para evitar que a nivel local se utilice la violencia para conservar el poder político. De nada sirven las leyes o propósitos como este si los líderes y el pueblo no se comprometen a hacerlos cumplir.