La ley de la selva

Por estas épocas hace cinco años se planteaba en esta columna la importancia que tenía que el gobierno que se iba a elegir en 2018 tuviera éxito en lograr la unidad del país, impulsar la economía, reducir la inequidad, aumentar el empleo, aprovechar el buen momento que internacionalmente le daba a Colombia haber firmado los acuerdos de paz. En fin, lograr lo que todos quisiéramos: un país próspero y en paz.

A estas alturas el escenario es bien preocupante. Es cierto que se han presentado de manera simultánea, y a todos los niveles, algunos de los retos mas complejos que se hayan tenido en muchos años, pero también es cierto que se han cometido equivocaciones.

Es indudable que la pandemia trastocó todos los planes y prioridades y a eso hay que sumarle, entre otras, las complejidades de asimilar en un período corto de tiempo una ola migratoria tan grande como la proveniente de Venezuela y un ambiente de insatisfacción y protesta tan marcado como el que se expresó en el segundo semestre de 2019, por solo mencionar algunos de los problemas más notorios.

En este confuso escenario se acercan las elecciones y es muy importante que se responda a las angustias de los ciudadanos si no se quiere tener un panorama aún más convulso durante ese proceso, que se puede convertir en caldo de cultivo para un populismo cada vez más irresponsable.

Una muy reciente encuesta de Yanhass (marzo 22/21) muestra cómo el problema que en todos los segmentos (edad, género, estrato, región y hasta partido político) se percibe como el que más afecta a las personas y a las familias es el de la delincuencia y la inseguridad.

En alguna medida esto puede explicarse por problemas originados en la pandemia, pero esto no puede ser justificación para que siga creciendo y lleve incluso a propuestas tan fuera de lugar como las de promover el armamentismo de los ciudadanos como solución.

Puede ser cierto que la frecuencia de algunos delitos haya disminuido, pero como bien lo dicen los mismos alcaldes, la percepción de inseguridad (muy fundamentada en hechos concretos en muchos casos) es lo que causa la angustia y el descontento que, en últimas, termina en fenómenos de violencia como los que se han visto en las protestas, o, incluso, en los intentos de linchamiento que se han registrado. Ni que decir del resurgimiento de la inseguridad, e incluso de secuestros, en algunas zonas rurales.

El tema es, en primer lugar, de los alcaldes. Pero la Policía tiene también mucha responsabilidad en lo que ocurre. El Gobierno Nacional puede hacer mucho ayudando a que se le dé a la seguridad en las ciudades y en el campo la importancia que merece y, en algunos casos, los fondos que se requieren.

Es cierto que son muchos los problemas que se enfrentan y las limitaciones existentes, pero hay prioridades y, lo que no puede ser aceptable, es que la pasividad de los gobernantes nos lleve a que la ley de la selva sea la que impere.
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