JEP y el carro bomba a la Esdegue

La JEP amnistió a Marilú Ramírez, integrante de las Farc, y responsable, junto con otros, del carro bomba contra la Escuela Superior de Guerra y la Universidad Militar Nueva Granada. Según la JEP, el ataque terrorista fue un acto lícito a la luz del Derecho Internacional Humanitario DIH. No es cierto. La resolución es contraria a derecho y la apelación debe ser concedida.

Uno, el objetivo del ataque no era lícito. Es verdad que la Escuela Superior de Guerra (Esdegue) forma militares, pero, uno, el mero hecho de que en ella estudien militares no la hace un blanco legítimo; dos, la Esdegue es una institución universitaria y en ella estudian también policías y otros civiles en distintos cursos. Hay militares que estudian en otras universidades y esas universidades tampoco son blancos legítimos por el hecho de que en ellas estudien uniformados: tres, los estudiantes militares van a la Esdegue desarmados; por ningún lado se ve la ventaja militar concreta del carro bomba.

Dos, el ataque no se hizo contra un objetivo militar. En efecto, la Esdegue no es un cuartel o una instalación con usos militares, es, como se dijo, una institución universitaria. Además, en realidad el carro bomba se puso en el parqueadero de la Universidad Militar Nueva Granada, universidad que, más allá de su nombre, es inequívocamente un bien civil, colindante con el edificio viejo de la Esdegue.

Tres, los carros bomba son medios prohibidos a la luz del DIH. Los que participan en un conflicto no pueden usar cualquier medio y método de combate, los hay prohibidos. Los medios son armas y sistemas de armas. Un carro bomba no es un arma permitida porque, como los cilindros de gas, hiere de forma indiscriminada a militares y civiles y no puede dirigirse con certeza a un objetivo militar.

Cuatro, para rematar el ataque fue indiscriminado y no se tomaron las medidas de precaución que son siempre indispensables, en particular en casos como éste donde era previsible que hubiese civiles y que pudiesen ser víctimas. La JEP dice que el ataque no era indiscriminado porque iba dirigido a los oficiales que cursaban el Curso de Estado Mayor. Pues bien, entre los heridos del carro bomba no hay ni uno de ellos. En cambio, el carro bomba hirió 9 civiles, 7 de ellos alumnos de la Universidad.

La resolución de la JEP deja la clara impresión de que hubiera podido ser escrita por los abogados defensores de la terrorista. Lo mismo cuando en la JEP habla de ‘retención’ y no de secuestro o toma de rehenes.

De nuevo, ratifica la impresión de muchos: es un tribunal sesgado, no imparcial, que busca favorecer a las Farc, apretar a los militares y demoler su moral, desprestigiar al Estado y dar la impresión de una igualdad ética entre la conducta de los criminales y la de quienes defendían a los ciudadanos.

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