¿Conejo o democracia?

El Gobierno tiene la oportunidad de oro para acabar la polarización política y social generada por el acuerdo con la guerrilla, puede unir a todos aquellos que creemos en la democracia y las instituciones republicanas y, con un frente único, renegociar con las Farc. Pero todo indica que ha optado por lo contrario.Las últimas declaraciones de Santos y de De la Calle señalan que no quieren hacer los cambios que necesita el acuerdo para conseguir el apoyo de quienes votaron por el No. Por un lado, insisten en que los cambios deben hacerse de manera apresurada (“un nuevo acuerdo de manera eficaz y rápida”, “quiero terminar esto pronto, muy pronto”) y, por el otro, después de defender el acuerdo alcanzado, recalcan que lo que debe hacerse son solo “ajustes y precisiones” (“estamos convencidos de las bondades del Acuerdo Final”, “lo acordado contiene iniciativas muy útiles para Colombia”). Santos agregó que algunas propuestas “son totalmente inviables” y sugiere que esas son las que proponen modificaciones al modelo de justicia transicional contenido en el Acuerdo.Para empezar, lo importante no es hacer un acuerdo rápido sino hacer un buen acuerdo. Tómese el tiempo que se tome. Y ello supone estudiar a fondo las propuestas presentadas, negociar con los voceros del No y acordar con ellos lo que se le presentará a la guerrilla. Y sólo después ir a Cuba y renegociar con las Farc.Después, Santos debe reconocer que el anterior no era un buen acuerdo: dividió a la sociedad y ahondó la polarización y fue rechazado por la mayoría de los ciudadanos. Más allá de la tentación obvia de defender la obra propia, lo que el Gobierno había vendido como “el mejor acuerdo posible”, Santos debe hacer los cambios necesarios para conseguir el apoyo de los promotores del No a un nuevo acuerdo. No serán meros “ajustes y precisiones”.Aunque no son los únicos, dos temas sustantivos tienen que modificarse de raíz. Uno, el modelo de justicia transicional por fuera de la rama judicial y con jueces extranjeros y su propuesta de impunidad de facto para los crímenes internacionales de las Farc. El otro, los premios de participación política para los guerrilleros. Sobre estos dos asuntos ha habido un rechazo inequívoco de la ciudadanía, una y otra vez, en todas las encuestas. Ese rechazo ciudadano fue el motivo por el cual Santos reculó del referendo y se montó en la pregunta única del plebiscito. Pues bien, en el plebiscito también fueron rechazados, con independencia de si al Presidente o a las Farc les parecen “inviables”. Santos está en una encrucijada. Puede hacer un frente republicano y renegociar con las Farc, haciéndoles entender que lo que pudieron antes ya no se puede ahora. O puede aliarse con las Farc para hacerle conejo a la democracia y humillar a la oposición que lo venció el dos de octubre. Respetar la voz ciudadana es, en realidad, su único mandato. No puede resguardarse en su polémica elección del 14. Si respeta el resultado del plebiscito, habrá honrado el Nobel. Si no, si se monta en desconocer el triunfo el No, no solo quebrará el sistema democrático y violará la sentencia de la Corte Constitucional que lo obliga, sino que nos llevará al abismo. Su deber como Presidente de la República es respetar el Estado de Derecho y la voz mayoritaria del pueblo expresada en el plebiscito. De ninguna manera puede “hacer lo que se le dé la gana”.