Ya nada es igual

Ya nada es igual

Junio 17, 2018 - 11:08 a.m. Por: Pedro Medellín

Hoy se decide el futuro del país para los próximos 25 años. De la manera como hoy voten los colombianos, dependerá la salida de la encrucijada en que nos encontramos: más de 450 municipios están acosados por el envenenamiento de mercurio, la explotación del trabajo infantil y la violencia (sexual y homicida) de los grupos armados que impone la minería ilegal; 25 departamentos se encuentran bajo el yugo de la coca (10 de ellos controlados por carteles mexicanos), y con sus niños y jóvenes que cuando no son presionados para hacer parte de los ejércitos ilegales que cuidan el negocio, lo son para que consuman las bolsitas que les regalan como estímulo para convertirlos en clientes permanentes; y las principales ciudades capitales del país cercadas por toda suerte de bandas y organizaciones armadas ilegales que han convertido la extorsión, el boleteo y el microtráfico, en la realidad a la que deben sobrevivir sus habitantes.

En la economía el panorama no es más optimista. Las inversiones están frenadas por la incertidumbre y la iniciativa empresarial bloqueada por la falta de reglas claras de juego. El gobierno que no logra reanimar el aparato productivo, ni combatir la informalidad en las actividades económicas. Los miles de millones de dólares que llegaron al país, por la bonanza energética y minera, se esfumaron sin que se hayan traducido en infraestructura o el desarrollo de proyectos productivos de gran envergadura para el país.

En ocho años de gobierno, la dinámica del gasto público fue incontenible y la deuda externa del país llegó a niveles insospechados. Al finalizar 2017, el déficit del gobierno central se situó en 3,6% del PIB, 1,6% más del nivel estimado para evitar el aumento de la deuda pública. Ese aumento significó un déficit cercano a los 5 billones de dólares, más de los 6 billones de dólares en que el faltante se debió situar.

De la misma manera, el problema pensional llegó a límites que ya preocupan, en tanto que los gastos en salud y educación no se traducen en mayores coberturas, ni en mejor calidad de vida de los colombianos.

El aparato judicial se encuentra sumido en una de sus peores crisis de eficiencia y legitimidad. Los juzgados no sólo resultan cada vez más incapaces de dar pronto tramite a los procesos judiciales, sino que tampoco han logrado mantener la confianza de los colombianos. El sistema carcelario registra un hacinamiento cercano a las dos tercera partes de lo que en realidad debería tener. Y mientras que la casa por cárcel se convierte en la más importante herramienta para el aparato judicial, las actividades delictivas aumentan de manera acelerada.

El panorama para el futuro gobierno no podría ser peor. No hay un solo segmento de la administración pública (gubernamental, legislativa o judicial), que no haya sido exitosamente atacada por la corrupción o por la politiquería y el clientelismo.

El desafío para el nuevo gobierno, ya no está en tener tantas fórmulas como para resolver los tantos problemas que han desbordado a los administradores públicos. Ni mucho menos en aplicar pañitos de agua tibia a tres o cuatro problemas que se viven en el país, de manera que aseguren la supervivencia de un sistema político moribundo, como lo hemos hecho desde 1991. No.

El desafío está en forzar un proceso de cambio de las políticas y los patrones culturales que hasta ahora estaban regentando la política colombiana, para adecuarlo a la nueva realidad que vive el país. Esto es, la realidad que de un golpe le hizo ver a la dirigencia política colombiana, que aquí ya nada es igual. Que los votantes (incluso los que se venden), son cada vez más exigentes e independientes. Que no basta con mantener las cuotas de poder burocrático o los contratos para que las maquinarias sigan en el poder, sino que ahora tienen que producir bienestar y beneficios en la población. Porque de lo contrario, en frente está el opositor político, que está dispuesto a tomar el poder cuando sea necesario.

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