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La paz violenta de Petro

Después de escandalosos acercamientos en campaña, el equipo de Petro les está ofreciendo enormes beneficios a varias organizaciones criminales a cambio de suspender sus actividades delictivas.

24 de febrero de 2023 Por: Pablo Uribe

La política de paz del Gobierno Nacional es una formula fallida que se ha intentado varias veces con resultados desastrosos para Colombia y el Valle. Retirar a nuestras Fuerzas Armadas mientras se le da grandes beneficios al crimen organizado no funcionó ni ha de funcionar esta vez. Sin una presencia contundente del Estado con seguridad y servicios públicos, la violencia continuará.

En los 90 el Cartel de Cali y el gobierno Samper negociaron el fin de esta poderosa organización. El equipo del entonces presidente les ofreció a los financiadores de su campaña jugosos beneficios a cambio de su entrega y compromiso de suspender actividades criminales. Los narcos aceptaron este acuerdo y terminaron desmantelando su organización sin mucha resistencia. Sin embargo, mientras que los Rodríguez salían del escenario, sus socios menores se negaron a dejar el rentable negocio del crimen y fundaron el cartel del Norte del Valle; una organización que habría de sembrar el terror en nuestro departamento por muchos años.

Pareciera que la historia se está repitiendo. Después de escandalosos acercamientos en campaña, el equipo de Petro les está ofreciendo enormes beneficios a varias organizaciones criminales a cambio de suspender sus actividades delictivas. Con un agravante: esta vez Petro ha ordenado la retirada de la Fuerza Pública bajo un improvisado ‘cese al fuego’. Así que mientras las negociaciones transcurren, el Estado les está dando vía libre a los criminales para que continúen sembrando terror en el territorio nacional.

Los resultados no se dejaron esperar. Las disidencias, el ELN y varias organizaciones criminales han arreciado con violencia. Cali arrancó el año con un aumento escandaloso de homicidios. Jamundí está siendo azotado por secuestros y atentados terroristas. Regiones enteras del Valle están sufriendo una oleada de masacres. La extorsión está al alza en varios municipios. En un evidente acto de desesperación, la gobernadora y 40 alcaldes del Valle le enviaron una carta al Gobierno Nacional rogándole que cumpla su deber de proteger a los vallecaucanos.

El país tiene que entender algo: el crimen organizado es un negocio muy rentable que no se va a acabar con acuerdos de paz. Los criminales que se desmovilicen bajo la ‘paz total’ (si es que se desmovilizan) van a ser rápidamente reemplazados por otros, así como ocurrió con el cartel de Cali y el del Norte del Valle. Lo único que puede acabar con el crimen y la violencia es una presencia constante y efectiva del Estado en todo el territorio nacional.

El Estado debe desplazar a los criminales con seguridad, democracia y desarrollo social y económico. En las zonas azotadas por la pobreza y la violencia, el gobierno debe llegar a proveer servicios públicos, apoyo y empoderamiento a los colombianos más vulnerables. El esfuerzo no puede seguir enfocado en darle gusto a los criminales, sino en construir una acción pública efectiva y transparente que nos permita darle mayor calidad de vida y protección a los ciudadanos.

No hay mayor tragedia que repetir los errores del pasado una y otra vez. Petro está reviviendo políticas fallidas que no lograron acabar con el crimen organizado y terminaron generando más violencia. Todos queremos paz, pero esta no se va alcanzar pactando con narcos. La paz vendrá con un Estado efectivo y democrático que llegue a todo el territorio nacional.