La ministra indolente

Tres sicarios. Una ráfaga de 18 tiros, nueve de ellos mortales. Ninguna de sus pertenencias hurtadas. Al parecer, Arley Enrique Chalá no fue asesinado el pasado miércoles en el sur de Cali por robarle el celular. Y alguien debería decírselo a la ministra del Interior, Alicia Arango.

Un poco de contexto: Arley Chalá –chocoano, 34 años–, era contratista de la Unidad Nacional de Protección y trabajaba como escolta de Leyner Palacios desde hace un año.

Leyner Palacios –chocoano, 43 años–, es sobreviviente de la masacre de Bojayá, ocurrida el 2 de mayo de 2002. Ese día, 79 personas que se refugiaban en una iglesia murieron destrozadas por explosivos y metralla que lanzaron hombres de las extintas Farc. Leyner sobrevivió.

Desde entonces ha encarnado una muy solitaria lucha para evitar que su pueblo vuelva a caer en manos de los violentos y que la historia se repita. No ha podido lograrlo. El 3 de enero tuvo que salir huyendo del Chocó. “O se va, o lo matamos”, le advirtieron. Pocos meses atrás había denunciado la presencia de más de 600 paramilitares y más de 100 hombres del ELN en su municipio.

Desde hace un mes está refugiado en Cali. Lo protegen tres escoltas y una camioneta blindada que le suministró el Gobierno. Pero el miércoles no estaba con Chalá porque ese día el carro tenía pico y placa. Le tocó moverse por la ciudad en taxi. Es probable que ese hecho fortuito le haya salvado la vida. No lo sabemos.

La gran pregunta es si a Chalá lo mataron para enviarle un macabro mensaje intimidatorio a Leyner y a todos los defensores de derechos humanos que intentan sembrar la paz en esos territorios olvidados durante décadas por Dios y por el Estado, y dominados por los violentos al servicio del narcotráfico.

Y sería muy bueno que esa pregunta se la hiciera la simpática ministra Alicia Arango, quien horas antes de que masacraran al escolta de Leyner Palacios en Cali dijo –ella siempre tan desparpajada– que es que “aquí mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de derechos humanos”.

Nadie niega la gravedad de las cifras de homicidios por hurto. Hay miles de familias colombianas en duelo por la acción de los delincuentes comunes.

Pero que esa comparación la haga nada menos que la funcionaria encargada de frenar el exterminio sistemático de defensores de derechos humanos que se presenta en Colombia desde la firma del acuerdo de paz con las Farc, suena a burla.

Como quien dice –interpretación mía y cada quien es libre de hacer la suya– los 107 asesinatos de líderes sociales ocurridos en el 2019 (cifra de la misma ministra) no son algo grave, constituyen una especie de hecho aislado y no ‘chillen’ tanto porque aquí hay unos muertos que valen más que otros.

Cosas como esa mofa dolorosa y burda de la ministra Arango sobre la innegable masacre de líderes sociales, son las que nos hacen dudar a millones de colombianos ‘de a pie’ sobre el compromiso del Gobierno Duque con el propósito nacional de consolidar, por fin, la anhelada Paz.

Eso, y también las destempladas respuestas que desde diferentes esferas del Estado se han dado a los dos recientes informes de la ONU que señalan la gravedad de lo que está ocurriendo en Colombia.

Respuestas que, paradójicamente, nos han puesto al mismo nivel de Venezuela. Porque allá el Estado descalifica abiertamente a todos los organismos multilaterales que denuncian la violación de Derechos Humanos; y allá está claro que sí hay unos muertos más valiosos que otros. ¿No nos dijeron que había que elegir a este Gobierno para no convertirnos en lo que es Venezuela?

Tal vez lo peor de este realismo trágico que somos es esa epidemia de indolencia que contagió a la Ministra. Porque hoy aquí, desde izquierda y derecha, se justifican a conveniencia los muertos que caen. Y al final, todo se reduce a que los mataron por robarles el celular. Y no pasa nada.