Pensionados

Pensionados

Noviembre 16, 2018 - 11:40 p.m. Por: Óscar López Pulecio

El último bastión del Estado de Bienestar en Colombia, atacado por todos los flancos por el neoliberalismo, es proteger a las personas mayores a través de la administración estatal de sus propios ahorros de modo que después de una larga vida de trabajo puedan descansar en sus últimos años sin dificultades económicas y sin depender de la caridad pública o de sus familias.

Es un sistema basado en el trabajo formal, en un país donde campea la informalidad y el subempleo. Las personas del sector formal que han cotizado al sistema pensional, con un aporte de sus empleadores, terminan por ser una minoría que recibe mesadas proporcionales a sus cotizaciones. Es decir, la estructural pensional es espejo de la laboral: muchas pensiones bajas, pocas altas. Refleja la inequidad, no la produce.

Como el Estado asume el pago de las mesadas garantizando un monto constante que no responde exactamente al capital aportado, porque los fondos actuariales del antiguo Seguro Social se esfumaron, entre más alta es una pensión, mayor tiende a ser el subsidio de recursos estatales para pagarla.

Diversos mecanismos se han propuesto para equilibrar el sistema y asegurar el pago a un número creciente de personas que viven más tiempo: aumentar la edad de retiro, disminuir el porcentaje del salario que se pagará como mesada, aumentar los aportes, privatizar el ahorro pensional de modo que los trabajadores puedan programarlo creando un capital que les pertenece.

Pero a nadie se le había ocurrido gravar las pensiones como si fueran rentas de trabajo, para solucionar un déficit fiscal.

Lo que propone la Ley de Financiamiento a consideración del Congreso que busca enjugar un déficit fiscal indeterminado, es someter las pensiones al mismo régimen de las rentas de trabajo que están sujetas a una tributación agobiante, que se va a agravar aún más.

La reforma tributaria de 2016 redujo a 40 % el límite para las exenciones tributarias por educación, salud y vivienda, la Ley de Financiamiento propone reducirlo a 35 %.

La idea es gravar a los trabajadores ‘más ricos’, pero dada la gran concentración del ingreso en Colombia esos más ricos son personas de la clase media con ingresos superiores a 4 millones mensuales, cuyos niveles de ahorro son mínimos y viven al día.

Con los pensionados sucede lo mismo. Si se van a gravar las pensiones superiores a cinco millones, ellas corresponden a personas que en su vida laboral ganaban al menos un 25 % más y su empleador pagaba el 8 % del 12 % de sus aportes de salud, que ahora les son descontados por Colpensiones.

O sea que de entrada reciben 33 % menos, con los mismos gastos y crecientes cuentas médicas. Otra cosa sería gravar pensiones altísimas, de más de 15 millones, algunas de funcionarios que ni siquiera han cotizado y que nunca debieron pagarse.

Lo que hay allí es una tergiversación perversa de lo que significan los pensionados. Pasan de ser una población envejecida, frágil, que ha pagado altos impuestos toda su vida y merece un alivio al final de sus días, a ser unos privilegiados a quienes se les paga demasiado por no hacer nada, que tienen que seguir pagando impuestos hasta su muerte.
El tío Baltasar, a riesgo de que se le acuse de estar litigando en causa propia, dice que es la mayor injusticia pasarles a los viejos la cuenta de la inequidad social, que él sí sabe dónde se origina.

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