Nuestra responsabilidad frente al narcotráfico

Muy débil y confusa ha sido la respuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro a la anunciada decisión del gobierno de los Estados Unidos de calificar a Colombia como un país no cooperante en la lucha contra el narcotráfico. Al principio dijo que no iba a regresar a la erradicación forzada “porque mata policías”; luego, ante otro episodio de secuestro de soldados por miembros de las comunidades cultivadoras de hoja de coca, anunció que la fumigación volvería donde “la ciudadanía ataque al Ejército”. Después vino lo de siempre: el espejo retrovisor, para decir que los cultivos empezaron a incrementarse en ‘gobiernos anteriores" para señalar más tarde a su Némesis: el expresidente Iván Duque. Obviamente, también usa señalar al verdadero responsable del narcotráfico: el consumo norteamericano. Y finalmente la mayor payasada: más bien él descertifica a los Estados Unidos.

En medio de todo eso, saca del cubilete cifras de incautaciones y extradiciones récord que demuestran su compromiso en la lucha contra el narcotráfico. Pero en la discusión evade el punto central, hay más extradiciones e incautaciones, porque hay más producción y más narcos de todos los pelambres dado que hay más cultivos, en un crecimiento extraordinario y exponencial, que la senadora Paola Holguín explica con un dicho que explica bien lo que es la práctica en casi todos los ámbitos de este gobierno: mata al pollo sano para hacer caldo para el enfermo.

Mirar las cifras del narcotráfico y entenderlas ayuda a identificar si las políticas están funcionando, o siquiera si tienen sentido, más allá de la grandilocuencia del trino y la tarima. Especialmente para responder por qué persiste la sincronía entre el crecimiento del consumo de Estados Unidos y el de los cultivos y la producción en Colombia, ya que mirar el problema del consumo, siendo cierto, no tiene por qué excusar, como quiere hacerse, nuestra propia responsabilidad frente al narcotráfico que nos ha golpeado como Estado, como sociedad y como cultura de una manera especial e individual.

El gobierno Petro asumió una política que parte de un hecho histórico real, pero de una suposición falaz. El primero es que cada vez hay más drogadictos en Estados Unidos, por lo que la política basada en la prohibición, la interdicción y la erradicación forzada no ha funcionado para reducir el consumo, por lo que la producción aumenta. La suposición es que una política permisiva o de legalización reducirá el consumo o las expresiones criminales de la producción y el comercio de drogas.

Hay países que tuvieron procesos históricos muy dolorosos con el narcotráfico, como China entre 1842 y 1949, que tiene una política muy dura de prohibición y sanción sin excusarse en la responsabilidad del consumidor. Frente al mundo y su sociedad, su responsabilidad es propia y no la elude echándole la culpa a otros, por mucho que la tengan.

La expansión de los cultivos tiene mucho que ver con el debilitamiento intencional de la prohibición, pero también con la política de anuencia con las estructuras criminales mayores en la Paz Total, el pacto de La Picota y el negacionismo general de la criminalidad alrededor del narcotráfico salvo que le sirva usar la Junta Directiva narco de Dubai.

La idea de que lo ilegal se acaba quitándole la letra “i” porque automáticamente se convierte en legal, ridiculiza al propio presidente y recuerda a Homero Simpson cuando le reprocharon su apoyo al alcalde Joe Quimby que era deshonesto y respondía: “no se puede decir deshonesto sin decir honesto”. La estrategia contra nuestra mayor tragedia histórica, el narcotráfico, son argumentos de caricatura.