Empresas y sanciones

En el último mes y medio los titulares desde Ucrania al mundo reventaron la burbuja noticiosa del Covid e interrumpieron nuestra larga mirada al ombligo. La amenaza de guerra mundial sacudió la depresión colectiva y abrió los ojos al tenso y peligroso panorama de la política global. Nuestras cuentas se llenaron de imágenes de la brutalidad de la invasión rusa a Ucrania y la desafiante valentía del presidente Zelensky, y empezamos a ponerle atención a los signos de realineamiento de Occidente, el oportunismo de algunos líderes que intentan convenientes mediaciones, y la fuerza de Estados Unidos como poder nuclear, un poderío que hace tiempo no se mencionaba. Pasamos de las vacunas y las elecciones de mayo a aprendernos los nombres de las ciudades invadidas.

Mientras crece la solidaridad con Zelensky y el desprecio por Putin, hay otro fenómeno notable: el éxodo de las grandes corporaciones de Moscú. Durante las primeras semanas de la guerra, marca tras marca cerró sus puertas, desde McDonalds hasta H&M. Al día de hoy, más de 500 grandes compañías han cerrado sus puertas y las pocas que han decidido quedarse han sufrido críticas masivas. El impacto de esta fuga de empresas es un complemento de tipo simbólico y real a las fulminantes sanciones de Estados Unidos y Europa. La rápida reacción es parte de una tendencia que hace un tiempo se volvió común: el activismo corporativo, la participación empresarial en el discurso público, el alineamiento con metas de sostenibilidad, y la presencia de una voz privada cada vez más alta como constructores de una sociedad más justa.

Entre las empresas más grandes del mundo, el cambio es público y drástico. Hace un tiempo las empresas de la lista Fortune 500 tomaron la decisión de modificar su misión para incluir a la comunidad, y no solo a sus accionistas, en sus mediciones de éxito. Los líderes empresariales ampliaron su misión, alineando la producción, los servicios y las prácticas empresariales a las metas del Milenio.

Las redes sociales, tan criticadas, se han convertido en espejos y herramientas de transparencia de estas acciones, señalando las prácticas laborales, las medidas en temas de equidad y racismo, las prácticas ambientales, y el compromiso con la comunidad. Los consumidores, por su parte se han encargado, a través de boicots y campañas de protesta, de convertirse en la policía de las buenas prácticas. Aunque existen excesos e injusticias, en general la transparencia y la rendición de cuentas directamente del mercado son positivas.

En el caso de Rusia, la transparencia también surtió éxito cuando Jeff Sonnenfeld, un profesor de negocios de la Universidad de Yale creó una plataforma pública con una lista dinámica de las empresas que se han retirado del mercado a raíz de la invasión. Desde su creación hace unas semanas, compañías de todo el mundo contactan a la Universidad para reportar su cierre. Este medidor, de manera transparente y actualizada, se convirtió en una conciencia colectiva. La primera vez que se vio este fenómeno fue en la década de los 80, cuando cientos de empresas cerraron sus puertas en Sudáfrica durante la época del Apartheid, para protestar el racismo del gobierno. Lo novedoso hoy es que la información es pública.

No está claro si el comportamiento de las empresas sean el punto de quiebre para Putin. Ni tampoco debemos ser ingenuos y pensar que los directivos piensan solo en el bien y el mal. Son acciones oportunistas en algunos casos, pero en términos generales se convierten en un contrapeso a la injusticia y a la violación de los derechos fundamentales. Y lo más importante: las empresas son actores políticos, quieran o no, que con sus acciones dan la vuelta a la política, la corrompen o la componen. La responsabilidad es enorme y urgente, en Rusia y en Colombia.


Sigue en Twitter @Muni_Jensen