Zancadillas a la justicia

Apuesto a que tendremos nuevas elecciones en el Valle del Cauca. Así dé patadas de ahogado el Gobernador con el apoyo de su apoderado Jaime Granados, en un último intento por controlar el nombre de su sucesor. El plan que tenía entre manos era, con el aplazamiento de la destitución, controlar el nombramiento, a dedo, entre amigos y compinches suyos, con una terna conformada por él y que garantizara mantener el poder regional por el PIN en la región cuyos tentáculos alcanza unos cuantos municipios en un momento crucial de cara a las próximas elecciones locales. Con la inesperada decisión que tomó la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, le salió a todos el tiro por la culata. No sólo quedó en firme la destitución e inhabilidad por diez años de Abadia sino algo muy importante: la mayoría de la Sala determinó compulsar copias para que se investigue penal y disciplinariamente a los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, seccional Valle del Cauca, entre los que sobresale la magistrada Ruth Patricia Bonilla, por haber acogido una tutela para revocar la sanción de la Procuraduria del Valle. Un camino improcedente y tortuoso para manipular las herramientas jurídicas, violando con ello el espíritu de la figura de la tutela, concebida para aplicar justicia y no para evadir sentencias. Con esta decisión el Consejo Superior le manda un mensaje a los abogados penalistas quienes en su afán por defender a sus clientes, recurren a leguleyadas, a aprovechar cualquier esguince formal que deje el aparato legal, ponerle zancadilla a la justicia y lograr victorias pírricas, de corta vida, que no resisten una revisión. Efímera resultó la celebración de Abadia y sus compinches con la maniobra de su abogado Jaime Granados, con consecuencias graves para un puñado de magistrados vallecaucanos. Las leguleyadas, para las cuales tristemente la tutela es una herramienta jurídica de uso permanente, son expresión contundente de la perversa práctica de que el fin justifica los medios, que se ha impuesto en estos años. Estas no expresan otra cosa que el afán oportunista de acomodar la aplicación de las leyes en beneficio propio, un comportamiento destructivo a nivel de la sociedad pero lucrativo a nivel individual, al punto de ser la profesión de abogado y en especial de la penalista, uno de los ejercicios más rentables del país. El abogado Granados tomó un camino similar para la hasta ahora fallida defensa del coronel Plazas Vega, con la que intentó evitar que fuera acusado por su responsabilidad en la desaparición de una decena de civiles supervivientes de la toma del Palacio de Justicia. La juez que lo condenó a 40 años, tuvo que, eso sí, salir a la carrera del país. Juan Carlos Abadía, quien ha debido tener prudencia antes de reacomodarse en su silla de gobernador, finalmente debe hacerse a un lado y aceptar el error que cometió, para no entorpecer el proceso que se abre en el Valle. Es la oportunidad para que la ciudadanía asuma y no sólo vigile sino que participe en definir el destino del departamento para arrebatárselo a quienes pretenden convertirlo en un simple botín burocrático y presupuestal.