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El tabú de
la muerte digna

Abril 08, 2021 - 11:50 p. m. 2021-04-08 Por: María Elvira Bonilla

El tema de la eutanasia y el derecho a morir dignamente empieza a volverse un imperativo que día a día se integra más a la conversación familiar, al diálogo cotidiano alrededor de la muerte que la pandemia ha puesto de frente. Todo indicaba que esta vez el Congreso dejaría listo el marco legal para poder materializar la última voluntad. Pero no sucedió.

Y la verdad, escribía esta columna con entusiasmo, cuando como un baldado de agua fría llegó la noticia desde la Cámara de Representantes que de nuevo, y por quinta vez, el proyecto de Ley Estatutaria llamado a reglamentar, después de más de veinte años, la implementación libre de este derecho constitucional, se había hundido por tres votos. Las bancadas de los cristianos, del Partido Conservador y del Centro Democrático –a excepción del voto de Gabriel Santos y Óscar Villamizar- ahogaron una iniciativa que al final conseguía darle seguridad jurídica a los médicos para actuar sin espantarse y poder despojarse de cualquier temor cada vez que deban enfrentarse a la encrucijada de tener que cumplir con la voluntad de pacientes terminales.

Sin esta reglamentación no puede cumplirse a cabalidad lo logrado por el magistrado Carlos Gaviria, cuando en 1997 consiguió que su ponencia de despenalización de la muerte asistida fuera acogida por la Corte Constitucional. Gaviria entonces, respetuoso de la división de poderes, le dejó el detalle de la regulación al parlamento, que después de veinte años no ha hecho la tarea.

Su argumento entonces fue potente y sigue vigente: “La decisión de cómo enfrentar la muerte adquiere una importancia decisiva para el enfermo terminal, que sabe que no puede ser curado y que por ende no está optando entre la muerte y muchos años de vida plena, sino entre morir en condiciones que él escoge, o morir poco tiempo después en circunstancias dolorosas y que juzga indignas. El derecho fundamental a vivir en forma digna implica entonces el derecho a morir dignamente”.

Un derecho casi que natural, razón por la cual son cada vez más las personas que lo están poniendo en práctica sin esperar el permiso de nadie distinto al de su propia conciencia. Pero de nuevo el Congreso actúa atropellando con fanatismo ideológico o religioso un comportamiento individual y privado, incluso en contravía a una legislación aprobada hace ya seis años, cuando había avanzado en la dirección adecuada.

En el 2014, aprobó la ley 1733 bautizada Ley Consuelo Devis, en nombre de la destacada abogada, con la que se busca evitar que otros repitan su tragedia y la familia verla consumirse en una cama, quince años en estado de coma tras un accidente. Gracias a ésta y mediante un documento los enfermos pueden desistir anticipadamente de tratamientos innecesarios si llegan a sufrir una enfermedad crónica, degenerativa e irreversible y con ello regular los cuidados paliativos a pacientes terminales.

Falta el paso que garantiza la protección de la autonomía personal y permitirle al paciente solicitarle a su médico ayudarle a cesar definitivamente su sufrimiento. Los creyentes pueden rechazar la eutanasia en sus propias vidas, pero no forzar a los demás a hacer lo mismo y menos el Congreso atravesarse en un camino de libertad individual en el momento en que se cierra el ciclo vital.
Sigue en Twitter @elvira_bonilla

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