De violaciones y prostitutas

“Los policías me obligaron a desnudarme y publicaron un vídeo de mi cuerpo con mensajes que me descalificaban” fue el testimonio de Katherine Martínez, la modelo que en estado de alicoramiento, fue detenida y llevada a una estación de la Policía Metropolitana de Cali protagonizando el escándalo de la última semana.

El policía que grabó el vídeo de la modelo fue destituido y sus compañeros, sus cómplices, están siendo investigados por un evidente caso de violación a los derechos de las mujeres. Lo que indigna de la historia es el argumento acuñado por algunos ciudadanos y funcionarios que justifican la agresión porque para ellos, Katherine es una prepago. Así la llamaron, una mujer que se muestra y se ofrece en las discotecas en las que trabaja como Dj; o en los vídeos de reguetoneros, donde su cuerpo queda al descubierto en compañía de armas y ‘canchis canchis’.

La tesis que hizo carrera en esta historia tiene todo que ver con la doble moral y la misoginia que como sociedad compartimos. La modelo manifiesta que no es prepago, que es fisioterapeuta, pero en honor a la verdad a nadie debería importarle qué hace Katherine en su vida privada; el asunto en cuestión es que los agentes vulneraron todos los principios en su función como defensores y garantes de convivencia ciudadana.

En redes los insultos y justificaciones me hicieron recordar las frases que señalan a la mujer como culpable en casos de violación por la forma en la que se visten “si se visten como putas después que no digan, ¿por qué las tratan así?”.

El otro episodio en similares circunstancias que pasó desapercibido ante la opinión pública es el aparente caso de violación contra una trabajadora sexual por parte de los jugadores del equipo Independiente Santa Fe. El presunto abuso sexual ocurrió en un hotel de Bogotá donde por lo menos 7 jugadores violaron a la mujer luego que el defensa central, Carlos Arboleda, contratara sus servicios como trabajadora sexual e invitara a sus compañeros a abusar de ella sin su consentimiento.

Ahora, la Representante Clara Rojas viene a proponer multas hasta de 23 millones de pesos a quienes contraten servicios sexuales; faltaba más cargar de moralismos un oficio tan viejo como la misma humanidad.

En Colombia la prostitución no es ilegal ni está penalizada. Ilegal es grabar a una mujer sin su consentimiento, o montarse encima de ella como si fuera un bus de pasajeros sin su aprobación. Las putas tienen derechos, como los tenemos el resto de mujeres quienes tuvimos otras opciones para surgir en la vida.

Que policías, congresistas, medios de comunicación y sociedad se dejen de mojigaterías e hipocresías; en vez de estar señalando, burlándose y agrediendo a las prostitutas, que se pongan a trabajar como garantes de derechos de todas, todas las mujeres; incluso las que venden su cuerpo con ánimo de lucro.