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Duque y la ONU

Sigue la polémica sobre el desencuentro entre el Gobierno y la ONU. Aunque las relaciones no han sido las mejores en la Administración Duque.

4 de marzo de 2020 Por: Julio César Londoño

Sigue la polémica sobre el desencuentro entre el Gobierno y la ONU. Aunque las relaciones no han sido las mejores en la Administración Duque, la tensión alcanzó su punto máximo la semana pasada, cuando el informe de la ONU criticó el escaso avance en las investigaciones sobre el exterminio de líderes sociales (11%) y las trabas oficiales a la implementación de los acuerdos de paz y al funcionamiento de la JEP. El informe también sugiere que la Policía dependa del Ministerio del Interior, no de Mindefensa.

El Presidente criticó que el informe desconozca los esfuerzos del Gobierno en la implementación de la paz y que no condene con suficiente severidad las atrocidades del Eln. Aseguró que hay avances en las investigaciones del 55% de los asesinatos de líderes sociales, y que la recomendación de pasar la Policía al Ministerio del Interior es una intromisión en la soberanía nacional. “Injusto”, “impreciso” y “chambón” fueron algunos de los adjetivos utilizados por Duque para calificar el informe.

Varios analistas coinciden con la posición del Presidente y califican a la ONU como una entidad lenta burocrática.

Pero el Presidente debe honrar la dignidad de su cargo. “Chambón”, por ejemplo, es un adjetivo normal en labios de Uribe o Macías, no en los suyos y menos si está dirigido a un tribunal como la ONU.

Recordemos que las organizaciones multilaterales (ONU, OEA, CPI, HRW) son pilares de civilidad y tienen la crucial tarea de arbitrar los conflictos entre las naciones, evitar la repetición de horrores como las guerras mundiales y ser garantes de los derechos humanos.

En muchos casos, hablar de “injerencia en la soberanía de los pueblos” es ingenuo. O cínico. Cuando la izquierda, por ejemplo, critica, la “injerencia americana en la soberanía del pueblo venezolano”, uno puede preguntarse: ¿Qué entiende ella por “pueblo”: los funcionarios de Maduro y algunas decenas de miles de “boliburgueses enchufados” o los millones de venezolanos que sufren las consecuencias del oprobioso régimen dentro del país o en los andenes de América?

En paralelo, ¿qué significa “pueblo colombiano”: los funcionarios de un gobierno facistoide o esa gran mayoría de la población que sufre las consecuencias de vivir en uno de los países más inequitativos del mundo, con no sé cuántos miles de falsos positivos y ocho millones de víctimas de la guerra (esa que nunca sucedió, si nos atenemos al reciente libro de Fedegán y del Centro Nacional de Memoria Histórica)?

Los derechos humanos, señores Duque, Maduro, Ortega, etc., son un capítulo clave del derecho internacional y están muy por encima de la autonomía de los gobiernos.

Aunque la coherencia no es el fuerte de este Gobierno, debemos pedírsela esta vez. No es coherente que aplauda las censuras de los organismos multilaterales a Venezuela, y monte en furia si los informes no lo favorecen.

Cuando la comisión de derechos humanos de la ONU apoyó el recurso de la segunda instancia para ciudadanos con fuero (Ley Arias) el Gobierno no se rasgó las vestiduras y María Fernanda Cabal no trinó que esa organización era un nido de comunistas.

Ahora que el informe le es desfavorable, el Gobierno puede disentir, pero no insultar. Es imperioso aprovechar la experiencia y la credibilidad de la ONU para que el país supere el conflicto (o como lo quiera llamar Fedegán) y nos libremos de la merecida fama de ser un país violento y paraco.

Sigue en Twitter @JulioCLondono