Judicializar la política

Desde hace varios años, se viene agitando el tema de los peligros que tiene el intento de judicializar la política, o sea, los intentos de bloquear o llevar a la cárcel a un adversario para sacarlo del juego electoral, o la denuncia de hechos o comportamientos que pudieran dar lugar a una situación, y obligaría a un juez a considerarla.

La preocupación que existe con este tipo de estrategias es que muy pronto un país se puede ver obligado a considerar el tema de la politización de la Justicia.

Es que es obvio que sí, en forma reiterada, se acude a los jueces para pronunciarse sobre situaciones políticas, que en algunos casos pueden llevar a decisiones injustas o dudosas; aumenta el interés de los políticos por asegurar que en las diferentes instancias judiciales se encuentren jueces que por diferentes razones simpaticen con la carrera política de un dirigente.

El caso de la doble nacionalidad de Abelardo De la Espriella es un ejemplo de un intento por judicializar la política, en este caso, el proceso electoral. La decisión de la presidenta de la comisión de investigaciones y acusación de la Cámara de Representantes tiene también esa intencionalidad. La presidenta de la comisión -aunque forma parte de una institución política por excelencia, como quiera que está integrada por personas elegidas popularmente y que pertenecen a partidos o movimientos políticos- se arroga la facultad de suspender al presidente de la República en sus funciones hasta el 21 de junio, por haber participado en el proceso electoral indebidamente. Pero la comisión es realmente un organismo que tiene naturaleza judicial, no obstante su pertenencia a la rama legislativa y no a la judicial. Quién tiene en Colombia el derecho de suspender al presidente de la República en sus funciones, así sea en forma temporal, es un tema que está claro en nuestro ordenamiento jurídico: sólo puede hacerlo el Senado. Y es inconcebible que una persona se arrogue esa facultad. Impensable desde cualquier punto de vista.

La decisión de prohibir a un candidato presidencial la utilización no sólo de algunos símbolos patrios, sino también de otros, que no tienen esa característica, es, evidentemente, una judicialización de la política en materia grave y que da lugar a una amplia controversia.

Por un lado, se estaba interfiriendo la actividad indebida del presidente en favor de un candidato oficial. Por otro, se estaba bloqueando el normal desarrollo de la campaña de un candidato de la oposición. Otro tema muy controvertible.

Y uno se pregunta, entonces, en dónde está el Consejo Nacional Electoral, que parece ser el organismo autónomo, cuya tarea principal es asegurar un proceso electoral en paz y eficaz. El Procurador General de la Nación tuvo que intervenir para evitar el atropello de la presidenta de la Comisión de Investigaciones y Acusación.

Son casos que muestran el abuso de poder en torno del cual el señor procurador general, Gregorio Eljach, organizó un significativo seminario en el cual participaron los presidentes de las Cortes, el Registrador Nacional del Estado Civil, dirigentes de los principales medios de comunicación y que concluyó en un resumen bien logrado del exministro Jorge Valencia Jaramillo.