Un activo nacional

Es de la esencia de nuestro régimen presidencialista la noción de que el primer mandatario gobierna a todos los colombianos, tanto a los que lo escogieron en las urnas como a los que no votaron por él. El presidente es un activo de la Nación. El capitán del barco dirige tanto a los de babor como a los de estribor, tal como sucede en las faenas de la navegación.

El hecho de que el presidente tenga un programa de gobierno no significa el desconocimiento de las demás vertientes de la opinión. No se trata ciertamente de buscar el unanimismo que persiguen los dictadores, sino de la constante elaboración de consensos para que los intereses legítimos de los grupos particulares se sientan escuchados y atendidos.

La importancia del primer magistrado dentro de nuestro sistema político lleva, por ejemplo, a la conclusión de que el estado de salud del presidente trasciende los límites de su grupo familiar más cercano y debe ser constantemente puesto en conocimiento de la opinión pública.

Es de capital importancia para un presidente rodearse bien y escoger personas idóneas para el manejo acertado de las distintas actividades públicas. No ha sido feliz el inicio del gobierno de Petro en este aspecto.

El caso más notorio fue la escogencia de la actual ministra de Minas y Energía. Puede tratarse de una persona muy capaz, pero en sus áreas de filosofía y política ambiental.

Dice un viejo refrán que ‘no se pueden celebrar misas católicas con cardenales protestantes’. La especialización en los conocimientos infunde respeto y autoridad para que los ciudadanos con legítimos intereses en determinado sector económico se sientan escuchados y bien gobernados. Tampoco es aceptable que se explique que la ministra de Minas y Energía va a hacer su aprendizaje mientras desempeña el cargo.

Desde un comienzo muchos sectores de la opinión manifestaron su inconformidad por la designación del ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez. El ministro siempre militó en los sectores que critican de manera sistemática las actuaciones de los Estados cuando les toca hacer uso legítimo de la fuerza. Esta designación parece ser hija de la utopía que aparece con mucha frecuencia en el acontecer latinoamericano.

No se salva tampoco de las críticas el designado canciller Álvaro Leyva Durán. Su abstención en la condena del sistema interamericano a las constantes violaciones de Nicaragua a los derechos humanos empeoró con la explicación que se dio: que se guardó silencio por motivos estratégicos encaminados a obtener la liberación de decenas de prisioneros políticos mantenidos por el régimen de Ortega.

Cualquiera sabe que esa satrapía es insondable e inquebrantable. Tratar de que alguien ya fraguado en el despotismo como Daniel Ortega cambie, puede ser más que un error, una necedad. Ni el propio Papa Francisco ha logrado obtener para sus prelados el respeto que se merecen.

No todo es malo en este gobierno. La reforma política que se ha propuesto contiene interesantes cambios para mejorar la marcha de los partidos y del Congreso. Y la anunciada descentralización territorial para obtener la paz total, puede ser el inicio de una verdadera desconcentración del enorme poder que hoy se acumula en la capital.

Los gigantescos trancones de las últimas semanas indican que llegó la
hora de eliminar tantos poderes que hacen hoy a Bogotá una ciudad inviable.