Precisiones y aclaraciones

Nuestro país no puede seguir presenciando el espectáculo de que cualquier ciudadano, con preparación académica o sin ella, emita opiniones y siente cátedra sobre asuntos de Derecho y, en particular, sobre interpretaciones exóticas de las normas constitucionales. El conocimiento jurídico tiene todas las características de una ciencia, cuyo dominio tarda muchos años en adquirirse.

Así, no es aceptable que el suspendido alcalde de Medellín, el ingeniero electrónico especializado en sistemas Daniel Quintero, salga airado a los medios pretendiendo dar lecciones de conocimiento jurídico a quien, como la procuradora Margarita Cabello Blanco, ha dedicado toda su vida al estudio, a la investigación, a la docencia y a la práctica del Derecho.
Si de algo se cuidó la doctora Cabello Blanco fue de tener un sólido fundamento en la reforma al Código Disciplinario Único, que dotó de facultades jurisdiccionales a la Procuraduría. De esa manera, la entidad de vigilancia y control de los funcionarios públicos quedó con plena competencia para suspender a servidores como el alcalde de Medellín quien manifestó en broma y en serio su preferencia electoral por el Pacto Histórico.

¿Quién les ha dicho a los servidores públicos de origen electoral que son ciudadanos de primera, blindados contra el control de sus actos y seguros de salirse con la suya cada que el órgano competente los pone en cintura? ¿Quién les ha dicho a los funcionarios elegidos que las decisiones jurisdiccionales adoptadas en Colombia pueden ser constantemente acusadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como si la Cidh fuera una tercera instancia que en nuestro Estado de Derecho no existe? Y, ¿de nuestra soberanía como Estado qué?

El economista y candidato Gustavo Petro se ha vestido de jurisconsulto para proponer otro absurdo, como los que con tanta frecuencia lanza al aire. En una entrevista Petro pontifica y sienta cátedra al proponer que la Procuraduría sea absorbida por la Fiscalía. Manifiesta quien así opina una abismal ignorancia, pues confunde alegremente el poder disciplinario del Estado con la facultad de perseguir los delitos. Eso equivale más o menos a confundir las nociones de oferta y demanda.

Funcionarios de todos los niveles, pero especialmente los del ámbito local, están demostrando en Colombia mucha falta de conocimientos sobre los derechos y las obligaciones que la Constitución y las leyes establecen en cabeza de los alcaldes. Al principio de la pandemia la Alcaldesa de Bogotá se convirtió en contradictora permanente del Ministro de Salud, olvidando que en nuestro diseño institucional la autoridad nacional prima sobre la local.

En Medellín el hoy suspendido alcalde Quintero polarizó a su ciudad por el tema de Hidroituango, estableciendo distinciones maniqueas entre sus partidarios y sus contradictores, llegando incluso a llamar “mafiosos” a los más notables empresarios antioqueños. Olvidó Quintero que el alcalde es un administrador que representa a todos los ciudadanos de su jurisdicción.

Parece cada vez más necesario introducir como requisito para poder posesionarse como alcalde que los funcionarios elegidos para desempeñar esos cargos tengan que tomar de manera necesaria un tutorial sobre lo que es y lo que no es un alcalde, y para ello, funciona en Colombia la Escuela Superior de Administración Pública Esap.