Construyendo al revés

En los últimos años Colombia ha vivido una interesante etapa de modernización de sus normas jurídicas esenciales. Se han emitido leyes de importancia capital, como la que estableció un renovado estatuto arbitral, la que actualizó los procedimientos contencioso-administrativos, la que dio una regulación especial al derecho de petición y la que adoptó un nuevo Código General del Proceso. La entrada en vigencia de este último Código se ha anunciado de manera definitiva para el próximo primero de enero.Todas estas reformas legales fueron preparadas durante años por comisiones redactoras integradas por abogados especializados en las diferentes materias. Su trabajo fue concienzudo y serio. Los anteproyectos fueron debatidos a lo largo y ancho del país con representantes de la judicatura, de la academia y de los abogados en ejercicio. Una vez terminada la labor de enriquecimiento y socialización los proyectos pasaron al Congreso, donde fueron convertidos en leyes sin mayores dificultades. Como puede verse, fue una excelente preparación de nuevas normas, cuyos buenos resultados han comenzado a notarse.Se sabe, porque la propia Constitución lo dice, que ella es la norma de normas. La Constitución es el fundamento sobre el cual se apoya todo el edificio institucional de Colombia. Puede decirse que la Constitución son los cimientos y las leyes, las resoluciones, las ordenanzas y los acuerdos, los pisos del gran edificio normativo. Por lo que hemos visto en los últimos meses, da la sensación de que este país estuviera construyéndose al revés. Se convoca a los especialistas para que diseñen y remodelen los pisos, pero se permite que una auténtica corte de los milagros intervenga en la reforma de los cimientos. ¿Qué seriedad se puede esperar de reformas a la Constitución preparadas por economistas (de los buenos y de los otros), por médicos (de academia y de homeopatía), por comunicadores, por antropólogos, por graduados en ciencia política, por ingenieros por arquitectos y hasta por sediciosos e insurgentes? Todos los oficios nos merecen respeto, a excepción de los dos últimos. Pero hay que acudir al viejo refrán de “zapatero a tus zapatos”. La reforma de la ley de leyes es cosa de abogados especializados, de los cuales apenas un puñado ha recibido invitación a opinar. Si se quiere que una reforma constitucional perdure en el tiempo, ella no puede violentar la estructura del Estado. Por ejemplo, es un contrasentido inaceptable invitar a jueces extranjeros para que juzguen penalmente a nacionales colombianos, con efectos en nuestro país. Extraña de verdad que un jurista de buena casta como Humberto de la Calle pueda estar tras estos absurdos.El asunto también es válido al contrario. Nada bueno surge cuando a un abogado especialista en cuestiones procesales se le encarga de la dirección de una entidad clave para entender y regular los mercados. Qué tal el lío formado por el Superintendente de Industria y Comercio. Por andar encapsulado en un despacho de la capital el Superintendente cree que un organismo viviente, como el sector azucarero, con sus miles de hombres y mujeres estrechamente vinculados a él, debe ser inmolado en aras de la idea de la libertad de comercio. Si alguna enseñanza trágica dejó el Siglo XX fue el peligro que acarrean los que están dispuestos a sacrificarlo todo por la imposición de una idea.