Insurgencia criminal

La insurgencia ideológica en Colombia dejó de existir hace casi una década. Lo que persiste es un entramado de estructuras criminales híbridas, con rasgos de terrorismo, carentes de todo proyecto político viable y organizadas exclusivamente en torno a economías delincuenciales. La cocaína, la minería ilegal, la extorsión, el secuestro y el contrabando no son instrumentos tácticos: constituyen su razón de ser, la base estructural de su poder y el verdadero frente de guerra criminal que sostienen.

El deterioro se aceleró a partir de 2018, tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016 y la culminación de la dejación de armas en 2017. La desmovilización de 13.609 excombatientes no produjo pacificación, sino fragmentación del poder armado, ruptura de jerarquías y liberación de espacios rápidamente ocupados por un ecosistema criminal atomizado. Hoy operan más de 40 estructuras organizadas, junto con cientos de pandillas locales, cuya capacidad combinada duplica la de los combatientes desmovilizados y que se disputan violentamente territorios, rentas ilícitas y corredores logísticos clave. No se trata de rezagos del conflicto ni de disidencias marginales, sino de una reconfiguración estructural del crimen.

Las cifras lo confirman. En 2025, Colombia registró 12.484 homicidios (corte a noviembre), equivalentes a casi 37 asesinatos diarios. La tasa nacional se ubicó alrededor de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes, frente a 22 en 2020. La violencia letal dejó de retroceder y se estabilizó en un umbral peligrosamente alto. En el mismo periodo, el secuestro aumentó 245 % y la extorsión 38 %, con una presión desproporcionada sobre el suroccidente. Cali concentra por sí sola el 11 % de los homicidios del país, registró un incremento cercano al 12 % frente al año anterior y explica además el 4,4 % de los secuestros y el 4,6 % de las extorsiones nacionales, confirmando su condición de nodo crítico del sistema criminal.

Este repunte revela un problema con dos aristas. Primero, la inversión social —aunque cuantiosa— no está logrando mejorar la convivencia ni reducir la violencia, porque actúa sobre síntomas y no sobre condiciones de control. Segundo, múltiples fundaciones financiadas con recursos públicos y privados exhiben impactos subóptimos, incapaces de alterar la dinámica delictiva. Sin control territorial efectivo ni desarticulación criminal sostenida, estos esfuerzos quedan neutralizados desde su origen. Administran el problema, no lo corrigen.

Pese a la evidencia acumulada, la política de Paz Total contradice la premisa elemental de la doctrina contrainsurgente colombiana, consagrada en el Manual de Campaña MCE 3-24.1: no se negocia concediendo tiempo, espacio ni alivio operacional a estructuras armadas. Hacerlo no reduce la violencia; la consolida. No desarma al crimen: le permite recomponerse, reordenar mandos y expandir economías ilegales, mientras el costo se traslada a la población civil. Buenaventura, Jamundí y Tuluá ilustran las consecuencias de ceder control territorial bajo la ficción de la pacificación. La insistencia traslada el problema más allá del ámbito doméstico y convierte la crisis colombiana en un determinante de la seguridad de otros Estados y de la estabilidad hemisférica.

En este contexto, el debate político debe reconocer que Colombia enfrenta una insurgencia criminal, no ideológica. Ese diagnóstico habilita discutir cómo el Estado debe imponer límites, abandonar campañas intermitentes de seguridad y construir una estrategia sostenida para negar tiempo y espacio al actor criminal.

Persistir en presentar a estas estructuras como actores políticos —otorgar reconocimiento, abrir mesas de diálogo, brindar esquemas de protección, aplazar extradiciones y abrir márgenes de impunidad, mientras coaccionan el voto, imponen carnetizaciones, asesinan y vetan candidatos— no constituye pacificación sino la normalización del control criminal.