Planes y regiones

Las regiones en el orden institucional colombiano son casi inexistentes. En la práctica, aunque hay 32 departamentos, su papel como canalizadores de inversión pública es limitado, porque los recursos del gobierno central llegan en gran parte directamente a los municipios.
Muchos tienen escaso fundamento. La Constitución centralista de la regeneración (1886) preservó el reducido número de unidades territoriales reconocido en la Constitución federalista de Rionegro (1863).

Se promovió el crecimiento del número de departamentos tras la Guerra de los Mil Días (1899-1902) para evitar que entidades regionales poderosas volvieran a gestar guerras civiles. El antiguo Cauca, cuya economía se cimentaba en la minería del oro, se partió: hoy corresponde a los departamentos de Chocó, Valle, Cauca, Nariño y Putumayo. Con los años el proceso se agudizó para atender aspiraciones clientelistas asociadas a cada ciudad de cierta importancia. En la Asamblea Constituyente se elevó a la categoría de departamentos a las intendencias y comisarías que aún quedaban, bajo la premisa de que la autonomía local es conveniente para impulsar el desarrollo social y económico.

La Constitución de 1991, pese a intención contraria, desembocó en más centralismo en la distribución de dinero. Además, desmanteló los partidos políticos, incentivó que cada aspirante en procesos electorales deba movilizar los recursos requeridos para su campaña, alimentó el espacio para el voto con intereses clientelistas y propició mecanismos de mercadeo de consumo masivo con aroma de compromisos, muchos de imposible cumplimiento. Quizá lo más grave es la desarticulación entre gobierno central y regiones, que inhibe el aprovechamiento de ventajas comparativas.

Se mantuvieron los esquemas de planificación estática y a solo cuatro años, con limitado espacio para la búsqueda de acuerdos entre sector público regional y capital privado, para aprovechar las ventajas comparativas relativas de la respectiva región.

Es urgente revisar, de una parte, la geografía política, para tener regiones extensas, con propuestas de desarrollo ordenadas según las posibilidades que cada una ofrezca a su población, proyectos de infraestructura y educación pertinente, y de otra parte, las reglas para la articulación entre gobierno central y regiones, de manera que programas y proyectos desemboquen en mejores condiciones de vida para las poblaciones.

Las regiones, a su vez, deben coordinar iniciativas locales y de grupos de municipios, para que la prospectiva total encaje con coherencia.
Es evidente que el ordenamiento institucional del país, con procesos ineficaces y reglas inconsistentes, no provee las soluciones requeridas en servicios ni promueve iniciativas creativas. El liderazgo no puede seguir concentrado en Bogotá. La relación entre lo público y lo privado debe ser transparente y efectiva; no puede orientarse a entregar privilegios y protecciones, que desembocan en asignación ineficiente de recursos escasos.

Colombia vive un momento incierto: quienes prometieron cambios solo parecen querer modificaciones en el perfil de quienes ocupan cargos públicos de relieve, sin revisar con rigor las oportunidades y amenazas, para aprovechar fortalezas y mitigar los riesgos derivados de debilidades. El camino del éxito puede no ser claro porque median prejuicios ideológicos, pero nunca es tarde para conjugar método y convicción.