Vínculos y memorias

Durante los años del conflicto existieron vínculos recurrentes entre los actores armados irregulares y políticos, empresarios y sectores de la sociedad civil. Gran parte de las exigencias en la construcción de una verdad histórica y en la aplicación de la justicia transicional pasan por el desentrañamiento de estos vínculos.

Es cierto que es muy necesario para la reconciliación que la sociedad sepa de los vínculos y, en consecuencia, políticos empresarios y organizaciones de la sociedad civil reconozcan sus responsabilidades y contribuyan a la verdad y la reparación. Sin embargo, en el proceso se corre el riesgo de hacer una mala interpretación de la naturaleza de los vínculos entre civiles y combatientes. Se puede llegar a caer en una visión reduccionista en que los civiles son interpretados como parte de la estructura orgánica de los actores armados irregulares.

En la parapolítica, por ejemplo, existieron políticos que definitivamente sí hicieron parte del proyecto paramilitar. Sus votos y su activismo iba de la mano de los recursos y el apoyo de los paramilitares. Pero una gran mayoría de políticos disponían de votos, recursos y capacidad de movilización propia para hacer campaña y resultar elegidos. Los vínculos con los paramilitares se dieron más como el resultado de un permiso del actor armado que controlaba una zona que como una transacción para recibir respaldo económico o violento.

La transacción, sin duda, implica una responsabilidad pero no es del mismo alcance de situarla como parte de una misma estructura u organización en el ejercicio autoritario a través de la coacción de los procedimientos democráticos. También debe considerarse el atenuante que si no hubieran realizado acuerdos con paramilitares no hubieran tenido las garantías del Estado para participar en las elecciones.

En la Farc-política también hay un exceso de simplificación de los vínculos entre políticos, ONG y guerrilleros. Es cierto que el Partido Comunista (PC) creó a las Farc y que la UP era el partido de las Farc, pero ya a finales de los 80 muchos de los cuadros de ambas agrupaciones tomaban distancias. De hecho, cuando Carlos Castaño asesinó a Bernardo Jaramillo en realidad le hizo un favor a Jacobo Arenas, comandante de las Farc, que veía con recelo cómo Jaramillo denunciaba la combinación de las formas de lucha y creaba un cisma entre las Farc y la UP. En 1993 incluso el PC rompió cobijas con las Farc y, según las cartas de ‘Tirofijo’, en adelante solo le hicieron campaña a Manuel Cepeda.

Igual sucede con el sector empresarial. A lo largo de las regiones donde guerrillas y paramilitares incursionaron se vieron obligados a pagar extorsiones a manera de impuestos a quienes ejercían la autoridad. Es cierto que los paramilitares ofrecieron condiciones de seguridad y protección más estables y menos opresivas que las guerrillas para el funcionamiento de las empresas, pero tampoco puede decirse que los empresarios fueron quienes organizaron y dirigieron a los paramilitares.
Se pasa por alto que las economías criminales -drogas, combustible, minas, etc.- al tiempo que ofrecían mayores recursos eran funcionales a su monopolización por las armas.

No se trata de exculpar, se trata de identificar con precisión la naturaleza de los vínculos para evitar que en el postconflicto se generen mayores resentimientos en la sociedad y se evite la revictimización.
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