Se esperaba

El asesinato reiterativo de líderes sociales anunciaba que la campaña electoral para los gobiernos locales iba a estar cargada de violencia. Sobre todo por los motivos de los asesinatos y la naturaleza de los perpetradores. Si bien la frecuencia de los casos hacía pensar que se trataba de un actor o pocos actores en concreto que iban detrás de los líderes sociales, por una razón específica, al escudriñar los hechos, se encontraba una realidad más difusa.

Los asesinos eran muy variados: el Eln, las disidencias de las Farc, las Bacrim, mafias de diverso tipo e incluso asesinos a sueldo contratados por políticos, propietarios de tierra en reclamación, entre otros. Las razones, a su vez, iban desde venganzas personales y disputas sobre una tierra, hasta competencia por el liderazgo político en una comunidad y el rechazo a que los líderes sociales intervinieran en temas como la sustitución de cultivos o la minería ilegal.

Pero, aunque los perpetradores y motivos eran muy variados, sí era evidente la existencia de escenarios comunes donde ocurrían los asesinatos. Se trataba de regiones periféricas o zonas marginales donde algún grupo armado ejercía un fuerte control social y el líder en cuestión se convertía en un obstáculo para sus intereses o para el interés de un tercero.

Escenarios de ese tipo han sido parte intrínseca del conflicto colombiano y persisten aun después de la desmovilización de las Farc. Existen demasiados territorios donde el estado no gobierna o gobierna de manera conjunta y superpuesta con organizaciones criminales que aprovechan rentas como el narcotráfico, la minería ilegal, el robo de combustible, el contrabando, etc. Allí lo usual es que la movilización política y social que vaya en su contra sea atacada por medios violentos.

Por eso, se esperaba que en la actual coyuntura de competencia electoral por cargos del gobierno local, los grupos armados existentes enfocaran sus acciones hacia los candidatos que se atravesaran a sus intereses o al de los intereses de terceros cercanos a ellos. Eso sin mencionar la violencia de los oportunistas de turno. El resultado es que ya van seis candidatos asesinados y muchos más amenazados.

En perspectiva de largo plazo las cifras son buenas. Hace un par de décadas haber tenido los niveles de violencia de estas elecciones hubiera sido un sueño. Sin embargo, eliminar todo tipo de violencia política debe ser la prioridad del Estado y de la sociedad. Así como la eliminación de la coca en términos de hectáreas cultivadas y hectáreas erradicadas es uno de los ejes del debate de la seguridad del país, porque representa la extinción del combustible económico de la guerra, la acción contra los grupos armados que amenazan a líderes políticos y sociales también debe serlo en términos de cuantificación y neutralización efectiva.

Que el Estado haya dado de baja a alias Alonso, autor intelectual de la muerte de la candidata Karina García, y antes a ‘Guacho’, el asesino de los periodistas ecuatorianos, es en ese sentido un mensaje contundente. Les dice a los grupos armados que hay una línea en sus acciones que no pueden traspasar. En otras palabras, que trafiquen drogas y cometan otra serie de delitos es malo, pero que maten a quienes inciden y toman decisiones políticas en la comunidad es inaceptable y significa su final porque el Estado concentrará sus recursos en quienes lo hagan.

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