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Julio 24, 2020 - 11:55 p. m. Por: Gustavo Duncan

La llegada de ‘Sandra Ramírez’, la viuda de ‘Tirofijo’, a la segunda vicepresidencia del Senado es un paso importante para la reconciliación. Muy difícilmente puede decirse que el Estado y la sociedad colombiana no le dieron una oportunidad de participación política a la jefatura política de las Farc.

Pero, al mismo tiempo, es una burla a la reconciliación el discurso que mantienen los líderes de las Farc con respecto a muchos temas. En particular los temas de violencia de género y de reclutamiento de niños plantean un desafío demasiado complejo para que la sociedad acepte la incorporación de las Farc en las instituciones políticas del país y en la legitimidad misma del proceso de paz.

La evidencia acerca de prácticas de violencia sexual y abortos no consentidos, así como de reclutamiento masivo de menores de edad, y no de menores entre 15 y 18 años sino entre 10 y 15, son abundantes. Las declaraciones de Ramírez alegando que las mujeres tenían trato igualitario y que no hubo reclutamiento de menores o de ‘Timochenko’ que eso no estaba dentro de las normas de la organización, así que no ocurrió, dejan perpleja a la sociedad.

Lo más grave es que ponen a la Justicia transicional y a la Comisión de la Verdad entre la espada y la pared. Si la JEP y la Comisión no afrontan la negación hasta ahora hecha por las Farc de hechos de victimización sistemática tan evidentes y comprobados, perderán cualquier credibilidad ante la sociedad. El discurso de los radicales del uribismo que sostienen que la institucionalidad del acuerdo paz fue diseñada para exculpar a las Farc inevitablemente tendrá audiencia, pese a que en la JEP y la Comisión hay juristas, investigadores sociales y funcionarios de las mayores calidades y compromisos con la Justicia.

Y si, por el otro lado, aplican justicia ante la negativa de las Farc de reconocer sus responsabilidades, el país se va a encontrar que muchos de sus actuales congresistas y líderes van a perder sus curules y deberán cumplir las sanciones estipuladas por el acuerdo, algunos de las cuales podrían acabar eventualmente en la justicia ordinaria. Sería, en la práctica, el fin de las Farc como partido político y el proceso de paz acabaría en la judicialización de una guerrilla desmovilizada. Al margen de la felicidad de muchos radicales, sería un nuevo fracaso para la reconciliación.

Al final de cuentas todo este problema surge por el interés de sectores de derecha y de izquierda por utilizar la construcción de la memoria y la verdad histórica como un medio para posicionarse políticamente. Denunciar a exguerrilleros, paramilitares, políticos, empresarios, activistas sociales, etc., por su participación en el conflicto y por todo tipo de atrocidades da muchos puntos a la hora de hacerse visible para las elecciones y cargos públicos. Lo hacen además de manera demagógica, culpando en exceso a sus contradictores y exculpando de todo a los propios.

Sin matices que inviten a aceptar a los propios sus responsabilidades, que muestren que mucha de las decisiones tomadas en el conflicto obedecieron a contextos y posibilidades limitadas y que muchos de los victimarios fueron a la vez víctimas (por ejemplo: muchos reclutadores de niños en las Farc fueron también reclutados desde niños), el proceso de construcción de verdad a lo que va a llevar es a incrementar los rencores y a deteriorar la posibilidad de reconciliación.

Sigue en Twitter @gusduncan

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