Las cuentas de la paz

Al margen de sus posturas ideológicas y de si tienen o no simpatías por la insurgencia, muchas fuerzas políticas han encontrado en el proceso de paz una oportunidad para reclamar la inclusión de la periferia colombiana. Incluso, dentro del mismo gobierno, quienes lideran la negociación en La Habana hablan de la necesidad de una paz territorial que involucre la asimilación de las zonas periféricas del país dentro del estado y de los mercados formales.Les asisten buenas razones que van más allá de la mera justicia social. Es en la periferia donde la debilidad del Estado se ha traducido en el surgimiento de grupos armados, sean guerrillas, o paramilitares, y es donde imperan economías ilegales como el narcotráfico y la minería. En otras palabras, el Estado está obligado a incluir a la periferia dentro de sus instituciones como condición para una paz duradera.El problema es que los procesos de inclusión de la periferia exigen muchos recursos. Además, suponen decisiones y disputas políticas bastante complicadas porque el control de estos recursos es crucial para definir el poder allí. La competencia por decidir quién, en qué y cómo se gastan es, por consiguiente, tan intensa que puede llevar a que muchos recursos se asignen de manera ineficiente, se despilfarren o se desvíen a clientelas políticas.Igual de problemático es que la presión por justicia social con las víctimas de la guerra y las sociedades de la periferia lleve a desequilibrios macroeconómicos. Un exceso en las cuentas del postconflicto pueden llevar a un endeudamiento desbordado, mayores impuestos, altas inflaciones y, al final, a un estancamiento del crecimiento económico.No es un asunto de legitimar la desigualdad, en el sentido de rechazar cualquier tipo de redistribución. Todo lo contrario, la observación va en el sentido que en el largo plazo las principales víctimas de un menor crecimiento serán precisamente los excluidos que dependen de los impuestos que la economía es capaz de producir para financiar su proceso de asimilación al estado y al mercado. Si la economía no crece no hay recursos para ellos, así de simple.El panorama, por desgracia, no es el más optimista. Ninguna de las potenciales fuentes de financiación pareciera estar en su mejor momento. Los fondos de ayuda internacional tienen ahora sus focos en el conflicto con el estado islámico y la situación económica de los donantes europeos es todavía crítica. Las regalías del petróleo y la minería se han ido al piso por la crisis de materias primas. Y la economía está en franca desaceleración, la peor situación para crear nuevos impuestos. Solo queda emitir deuda pública o gastarse las reservas.Lo que debe concertarse entonces no es solo cuanto merecen los habitantes de la periferia para ser incluidos en el postconflicto, sino cuanto es lo más adecuado que el Estado debe asignar para garantizar en un horizonte de largo plazo que la producción económica permita, precisamente, destinar mayores recursos en ellos. Así deben entenderlo las fuerzas políticas que con mucho acierto están comprometidas con la inclusión de las sociedades de la periferia y no dejarse llevar por la simpleza de prejuicios ideológicos.El asunto en Colombia no es solo que la riqueza está mal distribuida sino que aun si estuviera mejor distribuida no habría suficiente para incluir a toda la sociedad. Hay que crear más riqueza.