Fracking y escasez de gas

El error más grave de la política petrolera en los últimos años, y la causa de la escasez de gas, no ha sido la falta de nuevos contratos de exploración, sino los intentos de prohibir el fracking y, en particular, la suspensión de los Proyectos Pilotos Investigativos (PPI) que se estaban realizando para determinar los eventuales impactos del fracking en Colombia, lo que sucedió en abril de 2022, es decir en el gobierno de Duque.

No autorizar nuevos contratos de exploración es una decisión equivocada del gobierno Petro, pero que no tiene consecuencias en el corto o mediano plazo y, por supuesto, no se le puede atribuir la escasez de gas de este y el próximo año.

La razón es muy simple: el tiempo que pasa entre la firma de un contrato de exploración y la producción de las primeras moléculas de gas o petróleo es de por lo menos 8 años y hasta más. Por ejemplo, los campos de gas que se están desarrollando costa afuera de la Guajira y que se espera que empiecen a producir en 2027, corresponden a contratos que se firmaron en 2010.

Por el contrario, en los yacimientos no convencionales (YNC) donde se usa el fracking se puede empezar a producir gas o petróleo en solo dos años, por otra razón simple: ya se conoce dónde hay roca madre con hidrocarburos, pues casi siempre está ubicada debajo de las áreas donde hay pozos tradicionales de petróleo, lo que implica que la exploración en los YNC demora mucho menos que en un campo tradicional.

El problema es que en Colombia existe una cerrera oposición al fracking, reacia a debatir argumentos y pruebas científicas para determinar cuáles son sus verdaderos efectos ambientales y sociales. Desde 2019 se han presentado al congreso 5 proyectos de Ley para prohibir totalmente el uso del fracking en Colombia. Tres fueron presentados durante el gobierno Duque por organizaciones ambientalistas, mientras que los dos últimos han contado con el aval del gobierno Petro.

Hay muchos argumentos en pro y en contra del fracking y la verdad es que hoy nadie puede asegurar que en Colombia no tiene impactos negativos, pero tampoco nadie puede afirmar con certeza que es dañino. Por eso fue muy acertada la recomendación que desde 2019 le hizo al Gobierno la Comisión de expertos independientes que analizó la posibilidad de hacer Fracking en Colombia: como no hay información suficiente sobre los riesgos de esta actividad en el país recomendó adelantar Proyectos Pilotos Investigativos (PPI) que los determinen.

Siguiendo esa recomendación, y con el aval del Consejo de Estado, Ecopetrol y la Exxon iniciaron en 2021 dos PPI (Kalé y Platero), en cada uno de los cuales iban a invertir unos USD 70 millones. Ante las tutelas y la posibilidad de que se fuera a prohibir el fracking decidieron no arriesgar esa inversión y suspenderlos. Nos quedamos sin los hechos y datos necesarios para tomar una decisión racional.

La mejor alternativa para el país es suspender el trámite del proyecto de ley que busca prohibir el fracking y reactivar los PPI para evaluar su viabilidad técnica y ambiental en Colombia. Si esto se hubiera hecho en 2022, y las conclusiones hubieran sido positivas, hoy estaríamos produciendo suficiente gas para evitar el desabastecimiento o la necesidad de importarlo a precios mucho más altos.