Política y crimen

Política y crimen

Enero 17, 2015 - 12:00 a.m. Por: Fernando Cepeda Ulloa

La existencia de grupos narcoguerrilleros, narcoparamilitares, la de los carteles de la droga, los grandes y los más recientes, menos desafiantes frente al Estado pero eficaces en el logro de sus propósitos criminales, y de diferentes grupos de crimen organizado, han dejado una huella que no estamos confrontando en forma apropiada, particularmente desde una perspectiva preventiva: las configuraciones político-criminales. El concepto creo haberlo tomado de un excelente estudioso de este tipo de situaciones en Italia. Es un fenómeno gravísimo y desborda lo que hemos conocido. La descripción que hizo Claudia López de la participación de políticos y paramilitares en los gobiernos seccionales es manifestación de un  comportamiento criminal  que parecería haberse sofisticado. La Sala Penal de la Corte Suprema dio cuenta de esta situación. En la cárcel están más de sesenta miembros del Congreso y hay fila.Luis Jorge Garay, conocido por su rigor analítico e independencia, ha elaborado varios estudios  que han sido publicados. El más reciente es “Narcotráfico, Corrupción y Estados. Cómo las redes Ilícitas han reconfigurado las instituciones en Colombia, Guatemala y México”. Jorge Giraldo y su equipo en Eafit han realizado otro esfuerzo notable en igual dirección. Fescol ha publicado entrevistas con expertos como Bruce Bagley, profesor en la Universidad de Miami, que consideran la situación. Y el Observatorio respectivo hace aportes valiosos sobre Buenaventura, y otras partes de Colombia. Estos trabajos académicos deben ser objeto de profundización y mayor debate, con miras a formular políticas públicas con capacidad de contrarrestar un fenómeno que desfigura la naturaleza del Estado de Derecho al criminalizarlo en formas muy variadas y según cada región: La Guajira, Buenaventura, Arauca, Soledad, Sucre, etcétera.Sin duda, la financiación de la actividad política es fuente  de corrupción susceptible de traducirse en estas configuraciones político-criminales que sobrepasan  la edad de la inocencia en tal materia. La reforma constitucional en curso debiera contemplar esta situación. No es lo mismo legislar para un país europeo  en estas materias, que para Colombia que ha vivido y vive un descomunal contexto de crimen organizado que cada día busca ampliar el ámbito de su acción delincuencial y de sus réditos económicos. En ocasiones actuamos como si estas configuraciones político-criminales no existieran. Pero los casos están a la vista, y ahora, en vísperas de una contienda electoral por los gobiernos sub-estatales, las alertas debieran estar al rojo vivo para no permitir que estas configuraciones se consoliden y extiendan sus redes ilícitas a estos gobiernos, con sus letales implicaciones en el nivel nacional.        El impacto de este tipo de comportamientos criminales sobre la juventud, reforzado por los novelones de la televisión, llevan a Luis Jorge Garay a decir que “sólo cuando las nuevas generaciones puedan lograr el éxito por medios legales y legítimos, tendrán motivos fuertes para adoptar la legalidad como proyecto de vida; por el contrario, mientras sea la ilegalidad la que ofrezca este éxito, la pretensión de consolidar la cultura de la legalidad resultará una quimera”.El fenómeno hay que evaluarlo en su real dimensión. Sin exagerarlo, sin subestimarlo. Es absurdo desconocerlo.

VER COMENTARIOS
Columnistas