Balance anual

Balance anual

Julio 12, 2019 - 11:50 p.m. Por: Fernando Cepeda Ulloa

A punto de cumplir su primer año de gobierno, el presidente Duque tendrá que considerar las evaluaciones que se harán desde muchos sectores y, al mismo tiempo, realizar su propio balance. Nada fácil.
Me ha parecido conveniente repasar las 203 propuestas del tiquete presidencial Duque-Ramírez, particularmente en lo referente a aquellas que tratan de la lucha anticorrupción.

Conviene advertir que el cumplimiento de muchas de estas propuestas no requiere de normas específicas sino que éstas pueden llevarse a cabo mediante directivas presidenciales, resoluciones del Consejo de Política Económica y Social (Conpes) o en leyes tan comprehensivas como el Plan de Desarrollo. Entonces, no es fácil rastrear su cumplimiento. Los tanques de pensamiento tienen aquí una tarea que difícilmente pueden cumplir, de igual manera, un columnista. Veamos.

En mi opinión, y eso es requetesabido por los lectores de esta columna, las cuatro medidas anticorrupción más significativas son la de la financiación estatal total de las campañas electorales, la del establecimiento de la lista cerrada, la de la introducción de los más importantes avances de la tecnología digital para hacer el seguimiento de decisiones tan propicias a la corrupción como las que tienen que ver con la contratación pública y, no menos importante, la “remoción de las facultades nominativas o injerencias de las Cortes en la elección del Procurador, Fiscal y Registrador”. Y añadiría una quinta: la de la Delación Premiada o Whistleblower. A la cual hace referencia en los numerales 38 y 39.

El numeral 24 es contundente:
“24. Las campañas para cuerpos colegiados legislativos del orden nacional y territorial serán financiadas por el Estado, y en listas cerradas, y los partidos que gasten recursos adicionales perderán personería jurídica(….)”.

Se complementa con el 26 y el 28:
“26. Las campañas presidenciales las financiará el Estado con un monto fijo para cada partido o movimiento.(….)”.

“28. Campañas a gobernaciones y alcaldías solo podrán recibir aportes de personas naturales con un monto máximo por persona”. (Es un error. Aquí también debería ser total la financiación estatal).

Y en lo referente al uso de las tecnologías contemporáneas, el numeral 29 es muy explícito:

“29. Los criterios para contratación directa serán limitados y de aplicación estricta. Una modalidad de concurso ‘rápido’ asistido por tecnologías digitales como Blockchain se establecerá (…)”.

La estrategia anticorrupción se complementa con los numerales que van hasta el 52.

He venido en forma obsesiva planteando la conveniencia de introducir el sistema de la Delación Premiada (bien diferente del Principio de Oportunidad) como una de las herramientas más eficaces en la lucha anticorrupción. En un capítulo que escribí para el reciente libro de Fedesarrollo “Lucha Integral contra la Corrupción en Colombia: Reflexiones y Propuestas” (Editado por Leonardo Villar y Daphne Álvarez), expliqué el origen histórico, los éxitos de esta herramienta y los precarios intentos que se hicieron en el gobierno anterior para introducirla.

El fracaso de la Reforma Política frustró las iniciativas políticas anticorrupción más relevantes. No me cabe duda de que un esfuerzo bien fundamentado ayudaría a convencer a las fuerzas políticas representadas en el Congreso, incluyendo a los Independientes y a las que se inscribieron como Oposición, a apoyar este tipo de propuestas. Una tarea urgente. Es que la desilusión, el desencanto, la pérdida de confianza y credibilidad están debilitando peligrosamente el Sistema Político.

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