Antiterrorismo

¿El Gobierno colombiano habría podido ignorar la legislación internacional y nacional antiterrorista, ante el ataque brutal, reconocido plenamente y sin salvedades por el Eln en su comunicado del domingo pasado a media noche? ¿Podrían otros países como Cuba, Noruega, Alemania, etc., pasar por alto esta situación y simplemente mirar para otro lado?

La misma pregunta se podría formular a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que ha sido el organismo multilateral que se ha ocupado mayormente del tema terrorista. Existe el pronunciamiento del Presidente del Consejo de Seguridad emitido el 18 de enero en que condena la acción terrorista del Eln en los mismos términos que han condenado otros actos similares en diferentes países. No queda duda. Fue un acto terrorista. La autoridad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en esta materia no es discutible. Es más. A mediados del año pasado la ONU reformuló la estructura administrativa de la lucha contra el terrorismo y creó una Oficina dedicada a este tema. Designó a un funcionario de nacionalidad rusa como su director y le dio la categoría de Secretario General Adjunto, o sea, al lado del Secretario General de la ONU.

Las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas al terrorismo son de obligatorio cumplimiento para todos los Estados. Sería impensable que el Gobierno colombiano no hubiera respondido al acto terrorista del 17 de enero con la contundencia que lo ha hecho. El Consejo de Seguridad en representación de la Comunidad Internacional ha promulgado estas Resoluciones, que son de obligatorio cumplimiento, como que han sido aprobadas en virtud del Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas.

El Consejo de Seguridad tiene ese enorme poder global. Conviene recordar algunas de estas decisiones que obligan a todos los Estados: “Decide también que todos los Estados (…) b) adopten las medidas necesarias para prevenir la comisión de actos de terrorismo, en particular, advirtiendo de ello cuanto antes a otros Estados mediante el intercambio de información; c) Denieguen cobijo a quienes financian, planifican o cometen actos de terrorismo, o prestan apoyo a esos actos, o proporcionan cobijo con esos fines.” (Resolución 1373 de 2001). Son mandatos que obligan a Cuba, a Venezuela, a Noruega, a Alemania, a Colombia y a todos los Estados.

Así las cosas, el Gobierno colombiano está respetando, conforme a su reconocida tradición jurídica, la legislación internacional y, claro está, la nacional en esta materia. No veo qué documento o compromiso podría eximirla de esta inescapable responsabilidad. Ello rompería una tradición jurídica que ha distinguido el comportamiento Internacional de Colombia: el apego al Derecho Internacional. Por ello se ha hablado de Colombia como una ‘potencia moral’. Calificativo que nos enorgullece. La lucha contra el tráfico de drogas es un tema central de los mandatos del Consejo de Seguridad para evitar el terrorismo.

En el caso del Eln, como lo mencionó el presidente Duque, se da también la gravísima acusación porque insistentemente ha incurrido en el crimen de ecocidio, en virtud de la irresponsable contaminación de fuentes hídricas, de destrucción de la fauna y de la naturaleza. Es un crimen que cae bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, como los delitos de lesa humanidad, genocidio y agresión.

El Eln es un grupo armado irregular que ha venido cometiendo actos que “constituyen una amenaza para la paz y la seguridad internacional”.