Subsidios e inequidad

Año tras año, el coeficiente Gini (que mide la desigualdad en ingreso) de Colombia figura entre los más altos del continente y les da pie a los políticos y a los partidarios del Estado asistencialista para presionar por el aumento de los subsidios estatales. Este diagnóstico es totalmente errado, pues lo cierto es que los subsidios alcanzan ya cifras colosales, que pocos colombianos imaginan. Lo que debe hacerse es aplicarlos correctamente.

En 2015 el Estado destinó $71,8 billones a 62 programas de subsidios sociales, de cuanta índole se quiera escoger. Para que quede claro, esa cifra equivale a 718 veces cien mil millones de pesos. Ella ascendió al 9% del PIB y al 35,4% del Presupuesto General de la Nación, para un aumento de 45% sobre 2010. Con este aumento, el coeficiente Gini se redujo sólo de 0,560 a 0,522, pues el hecho es que estas fabulosas sumas no tienen en Colombia el efecto redistributivo que los subsidios tienen en los países civilizados. En 2015, el coeficiente Gini en Colombia fue 0,530 sin subsidios y 0,522 después de subsidios. En el mismo año, el Gini de Alemania se redujo de 0,536 sin subsidios a 0,329 con subsidios, y el Gini de la Gran Bretaña bajó de 0,555 sin subsidios a 0,324 con subsidios. Aterra nuestra ineficacia con recursos tan cuantiosos.

Sobresalen tres entre las causas de este estruendoso fracaso. La primera es que los subsidios no van a donde debieran ir. Apenas el 8,4% de los subsidios se destina a los colombianos en pobreza extrema y el 19,8% a los considerados en pobreza, mientras que el 30,4% se destina a la clase media y el 38,6% a lo que el DNP llama la clase emergente. Al dividir la población en cinco grupos por su ingreso, el quintil más alto recibe el 20,2% de los subsidios mientras que el más bajo recibe apenas el 22,4% y los otros tres, cifras cercanas al 20%. No hay redistribución, y el tremendo esfuerzo que hacemos quienes pagamos impuestos con las tasas más altas del continente queda en nada.

En segundo término, frecuentemente los subsidios se constituyen en incentivo perverso a perpetuar la pobreza y condición de vulnerabilidad de sus beneficiarios. Se llega al absurdo de muchos jefes de hogar que prefieran vivir bajo los riesgos de la informalidad laboral, financiera y social, sin contratos de trabajo, sin ahorros, sin acceso a mejores condiciones de vida, antes que perder el acceso a los subsidios que les da un reconocimiento del Sisben, un certificado de desplazamiento forzado, una inscripción a Familias en Acción. Por sus requisitos de acceso, muchos subsidios incentivan la informalidad.

Finalmente, está la corrupción. Es muy fácil robarse plata que de todos modos va a ser regalada, y en prácticamente todas las regiones y todos los programas de subsidios hay bandas de corruptos dedicados a chupar los billones destinados a ellos. Es difícil encontrar un departamento donde no se roben el dinero de la alimentación infantil. O el de la educación, o el de la salud, o el de lo que sea.

Por las anteriores razones, las monumentales sumas destinadas a subsidios en Colombia no tienen el efecto que debieran tener en la reducción de la inequidad, y no deben aumentarse. Con un mejor enfoque en la destinación de los recursos y un mejor planteamiento de los esquemas de acceso, se pueden aliviar sensiblemente los dos primeros problemas. Para el tercero, posiblemente se requiera un milagro.