La Anla

En Colombia hay muchas entidades estatales que, como dice el dicho, solo sirven para tres cosas: para nada, para nada y para nada. Ese no es el caso de la Anla, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Ella sirve para entorpecer, encarecer y, si le es posible, impedir el progreso del país. Lo cual es natural en una dependencia del Ministerio de Medio Ambiente, el cual persigue con sevicia al sector formal mientras muestra absoluta complacencia con actividades como la minería ilegal y los narcocultivos, verdaderos destructores de nuestras selvas, nuestros ríos y nuestra ecología.

El más reciente ejemplo de los inmensos daños que continuamente le infiere al país esta entidad es lo sucedido con el proyecto de la vía Mulaló-Loboguerrero. Esta vía que desde 1983 se planteó como una necesidad tanto regional como nacional, que veintitrés años después fue incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, y para la cual finalmente se ordenaron estudios en 2008.

La obra contempla la construcción de 47 puentes vehiculares, 290 obras hidráulicas y cuatro intersecciones a desnivel, y reduce sensiblemente el tiempo y costo de desplazamiento del transporte de carga entre Buenaventura y el suroccidente del país al acortar 50 kilómetros de trayecto. El proyecto estaba avaluado en 2 billones de pesos, de los cuáles ya se han invertido $298.000 millones en estudios y diseños, gestión ambiental y gestión de redes.

El acta de inicio de la obra se firmó en 2015, pero con ella lo que realmente inició fue un proceso kafkiano por cuenta de los innumerables requisitos e intervenciones de la Anla. Son tantos y tan variados los requerimientos de nuestras profusas, difusas y confusas normas ambientales que apenas en 2017 pudo el concesionario entregar los primeros estudios de impacto ambiental requeridos por la Anla. Y apenas hoy, a los seis años y medio del inicio, la Anla le otorgó al proyecto una supuesta ‘licencia ambiental’ que no está en firme y puede ser modificada, revocada o aclarada. O sea, le otorgó nada.

Ante esta burla, la decisión del concesionario de ampararse en la cláusula de terminación anticipada prevista en el contrato es apenas lógica. Ningún empresario en su sano juicio puede ser obligado a continuar siendo parte de un sainete como ese, y además tiene derecho a ser resarcido por los perjuicios que este le ha causado.

Hoy, un proyecto de la relevancia regional y nacional de la vía Mulaló-Loboguerrero se encuentra bloqueado por la Anla, en un momento en el que la inversión en infraestructura no es solo deseable, sino urgentemente necesaria para sacar al país del rezago y la espiral descendente que causó la pandemia. Pero esta es apenas una muestra del tremendo daño que le infieren al país esta entidad y las normas que supuestamente interpreta. La verdadera magnitud del daño que viene está en que en la actualidad la Anla tiene cientos, miles de trámites pendientes de estudio y aprobación, con cada vez mayores demoras, para proyectos cuyo valor acumulado es de centenas, quizás miles de billones de pesos.

Lo único que conduciría a un escenario más aterrador sería añadirle a la Anla el Acuerdo de Escazú, que permite la participación de cualquiera, nacional o extranjero, en el acceso a la información en materia ambiental y, peor aún, en los procesos de toma de decisiones ambientales, sus revisiones y reexaminaciones. Así sí lograrían la catástrofe total.
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