Erradicación mortal

Son muchas las actividades humanas que conllevan riesgos. Las recreativas y muy personales, como los deportes, particularmente los extremos, están entre ellas. O las que tienen por objeto atender necesidades ajenas, como el entretenimiento que brindan los toreros o los trapecistas, o ciertos trabajos en la construcción y la minería. O las de quienes le prestan servicios directos a la comunidad, como los bomberos. Por su naturaleza, en todas ellas se dan ocasionalmente eventos que pueden conducir a la invalidez o muerte de quienes las adelantan. Ocasionalmente.

En Colombia, en cambio, gracias a los buenos oficios de la Corte Constitucional, se ha instituido una actividad que garantiza que permanentemente -repito, permanentemente- se produzca la invalidez o muerte de quienes tienen que adelantarla: la erradicación manual de la coca. Aquí, esa augusta corporación, basándose en un etéreo “principio de precaución” que bien usado justifica cualquier arbitrariedad, limitó la erradicación de la coca a que sea manual, mediante el simple artificio de prohibir el uso del glifosato para este fin. Curiosa prohibición esta, por cierto, si se tiene en cuenta que de esa substancia se usan anualmente un millón de toneladas en más de 130 países y que en Colombia la usan sin limitaciones millones de campesinos en todos los cultivos lícitos.

Si bien los resultados muestran que la erradicación manual de la coca no tiene mayor eficacia, sus costos humanos son escalofriantes. Entre 2009 y 2018 murieron 126 personas (incluidos policías y civiles) en acciones de erradicación manual forzada de cultivos ilícitos. Adicionalmente, 664 personas resultaron heridas, para un total en ese lapso de 790 víctimas, a manos de los criminales que cuidan esos cultivos y de las minas que siembran para protegerlos. Nada más en 2018, las acciones de erradicación manual forzada dejaron 81 víctimas entre muertos y heridos. La verdad es que quienes deben participar en esa horrible ruleta rusa saben con seguridad que habrá muchas víctimas. Lo que no saben, y esa es su esperanza, es si todavía no les llegará su turno.

Los colombianos no podemos, no debemos, permanecer impasibles mientras, en virtud de una decisión de una de las paradójicamente denominadas altas cortes, nuestros soldados y campesinos son lanzados diariamente a una muerte o mutilación segura. Es una práctica inhumana que se debe detener y que no debiera ser permitida en Colombia. Y las cortes deberán definir cuál pesa más, si la duda sobre un teórico e indeterminado posible daño o la certeza de enviar a cientos de compatriotas a la muerte y a la mutilación.

Es probable que la prohibición de continuar con esta carnicería refuerce las acusaciones de quienes consideran que Colombia está tomando el rumbo hacia convertirse en una narcodemocracia, como a fines del siglo pasado. Acusaciones, por cierto, que algunos podrían considerar injustas, dado que se le formulan a un país en el que ‘apenas’ dos de las tres ramas del Poder Público le sirven obsecuentemente al narcotráfico.

Pero ese es un riesgo que debe ser enfrentado por razones claramente humanitarias. Si Colombia quiere merecer el respeto de la comunidad internacional, debe lograrlo aplicando medidas serias, que conduzcan a resultados reales. Pero no debe buscar hacerlo con una pantomima de una crueldad extrema que no ha producido resultados positivos serios.