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El siglo de los jueces

Aunque muy grave para Colombia, la agresiva decisión de una sala de la Corte Suprema de justicia de ordenarle casa por cárcel al expresidente Álvaro Uribe no es motivo de sorpresa.

11 de agosto de 2020 Por: Emilio Sardi

Aunque muy grave para Colombia, la agresiva decisión de una sala de la Corte Suprema de justicia de ordenarle casa por cárcel al expresidente Álvaro Uribe no es motivo de sorpresa. Cualquiera puede imaginarse lo que le puede suceder a la persona que, persiguiendo a un raponero para recuperar lo que éste le ha robado, entra a alguna de las ‘ollas’ que engalanan nuestras capitales. Es apenas obvio que el expresidente Uribe estaba corriendo un riesgo similar al atreverse a denunciar al senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema.

Como también es claro que no podía aspirar a mejor trato de un tribunal que nunca le ha mostrado imparcialidad, y que ha hecho explícita su voluntad de tomar sus decisiones “sin salvamento de votos y por conveniencia política”. Un tribunal que, además, fue parte, junto con las otras otrora consideradas altas cortes y esa cosa llamada JEP, del sainete montado para enviar a Venezuela a alias Santrich, cuyo credo político no riñe precisamente con el del denunciado. Y que se negó a abrirle una investigación seria a Teodora -otra de ellos-, cuando tuvo la oportunidad y el deber de hacerlo.

Lo que no deja de sorprender es el candor del expresidente Uribe, un estadista que fue capaz de recuperar la viabilidad de Colombia, de acabar con las autodefensas y extraditar a sus veinte jefes más connotados, y de llevar a una banda tan sanguinaria como la Farc a su virtual extinción, al creer que simplemente con la verdad podría adelantar su causa en ese insigne tribunal. ¡Ese tribunal que, por corrupción, tiene un expresidente preso y otro fugitivo!

La decisión de la Corte ha generado un gran malestar y una profunda división en el país. Como era de esperar, sus defensores han salido rápidamente a clamar respeto por los fallos judiciales y por las instituciones. Y es cierto que la justicia y las instituciones deben ser respetadas. Pero deben serlo en primer término por quienes las sirven, y hay serias dudas en este caso.

Ni las cortes son infalibles, así sus fallos puedan ser finales, ni sus decisiones son siempre respetables. Lo que los colombianos les debemos a las decisiones judiciales es obediencia. Y los ciudadanos de bien las obedecemos. Pero respeto, lo que se llama respeto, con todo lo que esta palabra implica, son las propias decisiones y quienes las emiten quienes deben ganárselo en virtud de su sabiduría, corrección, rigor jurídico y apego a la Ley.

Laboran en nuestro aparato judicial innumerables hombres y mujeres de gran valor, honradez y amor por la justicia. Lamentablemente, no se puede decir lo mismo de todos los magistrados de las cortes, con su justicia politizada y nepotismo rampante. Por eso, cada vez es mayor el clamor nacional por una pronta reforma al sistema de justicia.

No será fácil lograrla, como lo demuestra el que hayan sido infructuosos los 19 intentos de reforma hechos en los últimos 18 años. Hace poco más de una década, el magistrado Ibáñez, que en ese entonces ocupaba la misma presidencia de la corte que en sus momentos ocuparon los magistrados Ricaurte y Bustos, le notificó al país que éste iba a ser el siglo de los jueces. Esto ha resultado cierto, pero no necesariamente bueno para la Nación. Lo primero que hay que hacer para reformar la justicia es encontrarla, y esto no parece probable en este siglo de los jueces. Para su mal, en Colombia pesan más hoy los jueces que la Justicia.