Columnistas
El sufragio como sindéresis, vortex de una nación encrucijada
Elegir hoy es decidir entre la preservación del orden natural —cimiento de toda libertad— o la claudicación definitiva ante un modelo de degradación moral y estatal.
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29 de may de 2026, 01:44 a. m.
Actualizado el 29 de may de 2026, 11:34 a. m.
El martes pasado atendiendo las ponencias de mis discípulos de Historia y Filosofía Jurídica, a quienes no puedo dejar de mencionar en estas líneas editoriales, en especial a Luisa, Karen y Santiago, quienes, de manera responsable, ética y con compromiso genuino con sus roles académicos y en la sociedad, como juristas en ciernes, se fajaron una ponencia sobre la axiología jurídica inspirada en los derroteros de la Filosofía del Derecho, en relación con la situación política actual. Mi ejercicio intelectual de hoy, lo baso en lo que aprendí de mis alumnos, en esas maravillosas horas de cátedra.
Estamos ad-portas de un umbral histórico. Colombia no se encamina simplemente hacia una jornada electoral más; se halla en el epicentro de un juicio ontológico sobre su propia existencia como nación civilizada. En este contexto, el voto trasciende la mecánica procedimental de la democracia para erigirse en un acto de sindéresis: aquel hábito intelectual que permite a la razón práctica juzgar rectamente sobre los principios morales de la acción. La sindéresis es la brújula que, si bien no traza el caprichoso camino de la política menuda, siempre señala el norte de la justicia intrínseca frente a la polvareda de la retórica ideológica.
Elegir hoy es decidir entre la preservación del orden natural —cimiento de toda libertad— o la claudicación definitiva ante un modelo de degradación moral y estatal. Les he manifestado a mis estudiantes, que en este momento el voto, más que un derecho es una obligación. Colombia vive sus horas más tenebrosas y necesita de nosotros.
Decía Tomás de Aquino en su obra cumbre Suma Teológica: “Lex injusta non est lex”. Este axioma tomista no es una reliquia académica, sino una advertencia viva: cuando la norma positiva se divorcia de la justicia, pierde su ‘fin justificante’ y se transmuta en mera fuerza bruta revestida de legalidad. En este momento de su vida, la norma pierde su verdadera juridicidad.
La estructura de una sociedad libre descansa sobre la armonía entre el Derecho Natural (la justicia intrínseca) y el Derecho Positivo (la norma escrita). No obstante, el actual gobierno ha pretendido fracturar esta simbiosis, intentando legitimar la impunidad mediante la Ley 2272 de 2022: la tristemente célebre ‘Paz Total’. Esta norma, al flexibilizar el sometimiento de estructuras criminales sin una contraprestación de justicia real, rompe la “certeza jurídica” y desafía el Estatuto de Roma (Ley 742 de 2002), el cual tipifica estas acciones como crímenes de lesa humanidad.
Frente a esta crisis, el Neoconstitucionalismo emerge como el antídoto necesario. Debemos invocar al ‘Juez Hércules’ de Ronald Dworkin, quien comprende que los derechos fundamentales —vida, libertad y propiedad— no son concesiones revocables del Estado, sino principios con fuerza normativa real que el jurista debe proteger contra el poder, no a favor de él. Asimismo, la “Ponderación” de Robert Alexy se hace imperativa para limitar las ambiciones ideológicas del poder político, garantizando que ninguna agenda transitoria sacrifique la dignidad humana.
Establezcamos lo siguiente. En cuanto a la validez (Derecho Natural / Moralidad): El Estado falla en su deber primigenio de proteger a los vulnerables, vaciando de contenido su razón de ser.
Ahora bien, en lo que atañe a la certeza (Derecho Positivo / Constitución): La instrumentalización de la “resistencia” para amparar el no sometimiento criminal destruye la seguridad jurídica. Según la perspectiva de Kelsen y nuestra Constitución de 1991 (Art. 22 y 95), la paz es un deber obligatorio, pero en ningún caso consagra un “derecho a la sublevación” para el crimen organizado.
A su turno, el realismo jurídico nos enseña que el éxito de un modelo no es azaroso, sino que deviene como fruto de su base axiológica. Aristóteles advertía que la propiedad privada emana de la naturaleza racional del hombre; suprimirla es degradar al individuo a un mero engranaje estatal. Hoy, Colombia cae en la ‘Trampa de Feuerbach’: esa soberbia intelectual de confundir la voluntad de transformar el mundo con la capacidad real de hacerlo bien.
La evidencia histórica es inapelable e irrefutable, veamos el siguiente esquema, que lo demuestra:
La Prueba del Realismo Jurídico (1959-Presente):

Como sentenció Friedrich Hayek: “No es el capitalismo el que condena a los pobres a la miseria; es el socialismo el que los condena a no salir de ella”. La libertad económica, bajo la tesis de Adam Smith, es la única condición de posibilidad para el ascenso social.
En lo que tiene que ver estrictamente con el valor y fin de la justicia, sostengo que esta no es una abstracción, sino, como definía Ulpiano, “la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo”. La ‘Paz Total’ representa el fracaso de esta voluntad al incurrir en tres quiebres axiológicos fundamentales:
1. Justicia para las Víctimas (Rawls): Se privilegia el cese de hostilidades sobre la equidad, tratando a las víctimas como un costo colateral.
2. Seguridad Jurídica (Ulpiano): La incertidumbre normativa y la suspensión de capturas consolidan el control territorial criminal.
3. El Bien Común (Ross): El derecho se mide por hechos. El aumento de masacres demuestra que el bien común se promete, pero no se realiza.
La degradación se palpa en un “crescendo” de horror. Acá algunas de las espeluznantes cifras, para la reflexión:
• 1 niño reclutado (alguien a quien le arrancaron la infancia).
• 10 niños reclutados (un salón de clases al que no volvieron).
• 100 niños reclutados (una generación de una vereda entera).
• 5000 niños reclutados (un estadio lleno de futuros robados).
• 18.677 niños reclutados.
Actores como el Clan del Golfo, el Eln y las Disidencias de las Farc no son insurgentes con bandera política; son el crimen institucionalizado. Poseen estructuras narcocriminales y carecen de voluntad real de paz. Justificar su accionar bajo la égida de Santo Tomás de Aquino es una distorsión moral imperdonable y una ruptura del principio de no causar un mal mayor. Y no olvidemos que las motivaciones ideológicas, que alguna vez pálidamente enarbolaban, hace mucho que se desvanecieron gracias a su principal propósito: el narcotráfico.
La tradición de Francisco Suárez y Roberto Bellarmino es clara: el poder político es depositado por la comunidad en el gobernante de manera condicionada. El incumplimiento de la protección del pueblo legitima la reacción colectiva. John Locke fundamentó este derecho no para el triunfo del colectivismo marxista, sino para la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada frente a la tiranía; ojo con las diferencias.
Sin embargo, esta postura no es un cheque en blanco a la violencia, sino un recurso extremo regido por la razón práctica y los tres requisitos de Aquino:
1. Gravedad de la tiranía: Debe ser notoria, grave y sin remedios institucionales alternativos (la crisis actual de seguridad cumple este criterio).
2. Restauración del orden justo: El fin debe ser el bien común, no favorecer agendas de grupos al margen de la ley.
3. No causar un mal mayor: La acción debe evitar infligir a la comunidad un daño superior al que se pretende remediar (el voto es el mecanismo que garantiza este principio).
La Filosofía del Derecho no es teoría abstracta; es, en palabras de Javier Hervada, “el conocimiento de la realidad jurídica en su ser más íntimo”. Hoy, esa realidad nos dicta que una paz sin justicia es solo la perpetuación institucional de la injusticia.
El Estado tiene el deber deontológico de proteger a los más vulnerables, el jurista tiene el deber de no instrumentalizar el derecho para agendas políticas y usted, amigo lector, tiene en este momento de la historia, una obligación moral y patriótica de votar bien el próximo domingo.
Recordemos que la verdadera paz es, como dice Isaías (32:17), “Opus iustitiae pax”: la paz es obra de la justicia.
En la próxima cita con las urnas, el ciudadano debe realizar su sano juicio de sindéresis para defender la vida y la propiedad frente al espejismo colectivista y los modelos comunistas depredadores que deben llamar la atención y abrir los ojos del elector.
Lleve la cédula, pero no olvide la memoria.
Abrazo cálido. Seguimos trabajando. Falta poco.
@muiscabogado

Abogado bogotano de 48 años. Egresado de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Derecho Comercial y Financiero, DDHH y DIH. Asesor, consultor, litigante en asuntos de derecho público y privado desde hace 24 años. Defensor de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
6024455000





