Cuando la libertad empieza a temblar

Esta columna fue escrita antes de que el Senado eligiera al nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Usted, lector, ya sabrá el resultado. Yo aún no. Pero lo que está en juego va mucho más allá de un nombre: lo que se define esta semana -y se viene gestando desde hace meses- es el rumbo de nuestras libertades.

Las libertades no se pierden de un día para otro. No se suspenden con un decreto ni desaparecen con un discurso. Se erosionan. Se empujan hacia el borde. Se desacredita al que disiente, se ataca al que informa, se siembra desconfianza en las reglas. Así empieza todo. Y así, poco a poco, una democracia se convierte en su propia sombra.

Colombia no ha dejado de ser una república. Pero cada vez resiste más presión. Lo que hemos visto en estos días —con la elección del nuevo magistrado como punto focal— es apenas una etapa más de una estrategia mayor: la del poder que no quiere límites. La del proyecto que concibe la libertad no como un derecho universal, sino como una herramienta instrumental. Una que sirve mientras sirva al poder.

Gustavo Petro no ha cerrado medios, no ha prohibido elecciones, no ha suspendido la protesta. Pero ha hecho algo más peligroso: ha instalado la idea de que quien lo critica es enemigo. Que quien investiga debe ser desmentido. Que quien decide en contra está ‘cooptado’. Que solo es válido lo que lo favorece.

La libertad de prensa no se ha anulado, pero se ha degradado. Cuando el presidente llama “muñecas de la mafia” a periodistas, cuando se convierte en tuitero-inquisidor contra medios y columnistas, se crea un entorno hostil para el debate y para la verdad. Por eso, más de 30 medios alertaron recientemente sobre el deterioro del clima de libertad de expresión en el país. Y no es exageración: es defensa. La crítica no puede ser tratada como traición. Y el periodismo no puede existir bajo intimidación presidencial.

Lo mismo ocurre con el sistema electoral. Petro ganó en ese sistema. Pero hoy lo descalifica. Habla de “asambleas populares”, de poder constituyente por fuera de las instituciones, de reescribir las reglas sin pasar por los canales legales. Lo que no le funciona por la vía institucional, intenta imponerlo por la vía del relato. Y eso erosiona la confianza pública y socava los principios sobre los que se construyó nuestra democracia.

En ese contexto, la Corte Constitucional se convierte en el último gran muro. Si el Gobierno obtiene una mayoría propia en ese tribunal, puede reinterpretar la Constitución, validar consultas, reformas, decretos y eventualmente reconfigurar el juego democrático a su antojo. Ya no habría árbitro neutral. Solo fuerza de interpretación política con ropaje jurídico.

No sabemos aún si eso ocurrió. Pero sabemos que estaba en juego. Porque la verdadera batalla no es por un magistrado: es por la posibilidad misma de seguir teniendo equilibrio.

Esto no es un ataque ideológico. Es una defensa constitucional. Porque ningún presidente —ni este ni el siguiente— puede tener todo el poder. Ninguna causa justifica atropellar las reglas. Ningún relato vale más que la libertad.

Cuando usted lea estas líneas, ya sabrá qué pasó. Pero más allá del resultado, el fondo no cambia: la libertad en Colombia está bajo presión. Y si no la defendemos todos los días, con carácter, con argumentos, con ciudadanía despierta, un día no va a volver. Y ese día, cuando llegue, no podremos decir que no fuimos advertidos.