Cuando la justicia es injusta

Con el paso de los días los hechos confirman que la investigación, el juicio y la condena al expresidente Álvaro Uribe es una persecución política y judicial. Si no fuesen suficientes las irregularidades del proceso y haberlo declarado culpable como determinador sin prueba alguna, se promulga una sanción privativa de la libertad desproporcionada y sin sustento jurídico y fáctico evidenciando la inquina y sesgo de la juez Sandra Heredia contra el procesado.

Al mismo tiempo, se acentúa la discusión sobre si cuestionar el proceso y el fallo constituye un irrespeto a la Justicia. Reputadas personalidades así lo advierten con el argumento de que tal actuación menoscaba su majestad e independencia. Agregan que es contradictorio que quienes critican las transgresiones del presidente Petro a la Constitución y la ley y exigen respeto a las instituciones y Estado de Derecho se manifiesten en dicho sentido.

De ahí la pertinencia de ahondar en el tema. Lo primero a señalar es el acatamiento de la decisión de la juez, su cumplimiento. Ello no está ni debe estar en duda, aunque la condena no esté en firme. Lo segundo, distinguir el respeto al fallo como decisión judicial de la valoración de su contenido, el análisis probatorio, solidez argumentativa, inferencia del dolo y la aplicación de los principios de duda razonable y de presunción de inocencia.

Es decir, cuestionar un fallo -no a la institución que lo profiere- no debe entenderse como inobservancia, irrespeto o desacato a la Justicia. Más en un juicio público. Indican varios tratadistas que la publicidad de los juicios penales busca garantizar la transparencia, la confianza pública en la administración de justicia, permitir el control social sobre el sistema judicial y asegurar, entre otros, el ejercicio efectivo de los derechos de las partes.

Busca que la ciudadanía se informe y, si lo considera, opine. No es una convidada de piedra, un espectador amordazado. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otros, protegen la libertad de opinión y de expresión, incluso sobre decisiones judiciales. Reconocen el derecho a criticarlas de manera respetuosa sin incitar a la violencia.

Con mayor razón tratándose de un fallo injusto. Lo que lleva a una discusión compleja sobre la obediencia o resistencia de la ley injusta y su legitimidad. Sócrates y Kant señalan que la obediencia incondicional de las decisiones judiciales asegura el orden pero puede perpetuar injusticias extremas. Nadie ha propuesto desobedecer el fallo. Se advierten sus yerros y se llama la atención de instancias superiores a revisarlo con sumo cuidado.

La juez, con el respeto institucional que merece, desde el inicio dejó entrever un sesgo. Las explicaciones no pedidas diciendo que era un juicio jurídico y no político, las alusiones a Uribe como el más poderoso (y que ella sí se atreve a condenar), el endiosamiento moral de unos testigos que no son más que criminales, el raudal de adjetivos calificativos en el fall0 en desmedro de lo jurídico, considerar dilación el uso de los recursos de ley y cuestionar la gallardía de los hijos del expresidente lo dice todo.

Hoy es contra Álvaro Uribe, mañana contra cualquier persona. No es él a quien se condena con un fallo injusto, es a la majestad de la Justicia. Cada día que pasa las declaraciones de la Juez Heredia, de Iván Cepeda y los congresistas de las Farc -que deberían estar presos- y del Presidente reafirman que la justicia ha sido instrumentalizada con fines políticos. En situaciones como esta alzar la voz no es señal de irrespeto a la Justicia sino de defensa de ella. Cuando la justicia es injusta el silencio es peor que la complicidad, es una afrenta.