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Comprar energía a Venezuela: un salto al vacío
De todas sus políticas que pueden representar peligros significativos para el país, esta es sin duda una de las más capaces de causar daños y abrir puertas a la pérdida de la seguridad energética.
Desde antes de su llegada al poder, en varios momentos y escenarios, el presidente Petro puso sobre la mesa bajo distintos nombres la propuesta de comprarle gas y petróleo a Venezuela. Hay que preguntar por qué el gobierno insiste en este objetivo, a pesar de que Colombia cuenta con reservas energéticas suficientes para garantizar la seguridad energética de todo el país por al menos una década.
Este fin de semana, de nuevo en Caracas, el presidente Petro anunció de manera conjunta que Colombia podría convertirse en “socio” de la muy cuestionada y politizada PDVSA, para construir una relación de codependencia energética con Venezuela. Desde el inicio, analistas y expertos en diferentes campos relacionados con el debate han alertado sobre el enorme riesgo de esta propuesta, en la cual el gobierno insiste en avanzar. En términos generales, descuidar la seguridad energética de Colombia para comprarle gas y petróleo a un país vecino, es un salto realmente innecesario hacia un vacío que puede afectar las vidas y condiciones de millones de personas.
Hay que empezar por lo más grave: las muy malas prácticas del gobierno de Venezuela –desde tiempos de Chávez– en materia económica y energética hacen que sus instituciones sean muy poco confiables y muchos de sus dirigentes sean los aliados menos deseables para confiar tareas tan esenciales para el futuro de Colombia. Una cosa es el necesario restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas con un vecino con el cual compartimos una de las veinte fronteras terrestres más grandes del mundo, con vínculos que son indispensables para las economías de las dos naciones, pero otra muy distinta es convertirnos en socios y aliados de algunas de las instituciones energéticas y políticas con peores manejos en el mundo entero, y por voluntad propia empezar a depender de ellas.
Si hay en el mundo de las políticas públicas una indicación generalizada en este sentido, es nunca confiar labores tan esenciales para el desarrollo del país en manos tan poco confiables. Sencillamente se trataría de una irresponsabilidad mayúscula e inédita en la historia de Colombia.
Como siempre, el presidente agregó a su discurso una larga dosis de retórica y afirmó que por un camino similar había empezado la Unión Europea. También sostuvo que esta ‘sociedad’ puede representar un camino para la sostenibilidad y la descarbonización de las economías de los dos países. Pero los cálculos alegres y los discursos grandilocuentes no pueden hacernos olvidar que Colombia es un país cuya economía depende de la explotación de recursos energéticos, y que Venezuela, que depende aún más de esa actividad, no tiene en ningún objetivo en su futuro mediano o corto acabar con esa fuente de ingreso. En ningún momento esta agenda, en la cual el gobierno de Colombia insiste tanto, ha girado alrededor de la sostenibilidad. Si se siguen quemando combustibles fósiles en nuestro país, las emisiones seguirán siendo las mismas y poco importará si los materiales quemados vienen de Venezuela o Colombia. Por más que el gobierno presente esta iniciativa como una de carácter ambiental, su razón de ser parece estar muy lejos de esa.
Desde los cálculos alegres y dejando muchas preguntas por responder sobre los motivos de esta nueva sociedad, Petro ha dado un nuevo paso hacia una decisión cuyos riesgos han sido advertidos de manera amplia. Pero, sobre todo, ha decidido crear un problema nuevo y totalmente innecesario, donde en vez de fortalecer nuestra capacidad energética nos puede llevar a un escenario de codependencia con el régimen menos confiable de toda la región. De todas sus políticas que pueden representar peligros significativos para el país, esta es sin duda una de las más capaces de causar daños y abrir puertas a la pérdida de la seguridad energética.