Compás de espera a la Fiscal

La nueva fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, ha dado unas entrevistas muy interesantes, con respuestas cortantes, no se deja encajonar en discusiones que podrían enredar el manejo de sus futuras relaciones institucionales. No descalificó a sus antecesores, de los que explícitamente solo elogió a Alfonso Valdivieso. Acudió el estribillo ‘no le aporta’ para no dar opiniones que le quitarían margen de maniobra; rechazó opinar sobre especulaciones de otros y marcó líneas de separación en estilos, enfoques y perspectivas de gestión, incluyendo sus seleccionados para formar el núcleo central del liderazgo de la entidad en los próximos años.

Pero fuera de la controversia política, me pareció destacable su idea de que la función de la Fiscalía está medida por un rasero muy bajo, porque la propia institución le ha dado primacía a las imputaciones, orientada por el concepto extraño de ‘esclarecer’ los casos. “Nosotros hablábamos de resolver casos, no de esclarecerlos. La administración saliente puso la meta institucional en las imputaciones(…) eso pone la vara bajita (…) Hoy día los casos se caen por cosas que dan pena”, dijo.

Me parece que ese punto de arranque es correcto y puede tener un enorme impacto en el futuro de la entidad, ya que va directo a los puntos de desestructuración muy graves en la gestión de la Fiscalía que inciden en la percepción de impunidad derivada de la congestión, y que se ha querido siempre resolver ampliando términos de prescripción en vez de revisar de fondo qué la está causando en los niveles básicos de la operación de la Fiscalía.

La fiscal Camargo asume una entidad fatigada por la falta de cohesión y credibilidad, disfuncional, burocratizada, con baja ética laboral, afectada por la confusión doctrinal causada desde la jurisprudencia superior, lo que incide en la calidad del trabajo legal en general. Fenómenos que, como un moho dañino, se han adherido a la estructura de la Fiscalía. La pandemia agudizó algunos de ellos, la politización siempre ha hecho su parte y el frenesí regulatorio es un catalizador pernicioso.

La Fiscalía General de la Nación y el Sistema Acusatorio, son los dos más importantes avances en la justicia penal desde que el Código Penal de 1980 puso a Colombia en la modernidad teórica y legislativa. Pero ambos necesitan ajustar varias tuercas.

La pandemia aceleró el trabajo virtual, pero en digitalización hay rezago, pues los expedientes digitales son la versión en PDF de los mamotretos físicos. No se usa la Inteligencia Artificial para facilitar el trabajo y hacer más transparente la función. El descubrimiento probatorio sigue siendo engorroso, en gran parte porque se ordenan actos de investigación de obligatorio descubrimiento para lo que realmente es información orientadora que debería ser filtro de actos de investigación realmente relevantes para el caso.

Los mecanismos de terminación anticipada están hechos un galimatías desde la penosa jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia conocida como ‘la sentencia de los Nule’ que ha sido mal entendida y peor practicada. La acusación privada no tiene reglamentación y los fiscales prefieren quedarse quietos, a usar la autorización de la ley, prefieren un reglamento interno.

La fiscal puede hacer muchísimo y muy pronto con las herramientas que se desprenden de su función para poner el sistema y la entidad a tono con las condiciones modernas.

En un par de años puede acometer una gran tarea: presentar una reforma que recupere la coherencia del Código Penal y corrija los defectos del sistema acusatorio.

Si aprovecha el compás de espera que se le abre, puede avanzar con pasos pequeños hacia metas muy grandes.