Registraduría en entredicho

El funcionamiento de la institución garante de las elecciones justas, libres y transparentes es fundamental en una democracia. Por décadas, Colombia venía avanzando en este frente. En el Índice de Democracia 2021, de la Unidad de Inteligencia de The Economist, ocupamos la posición 40 entre 167 países en la evaluación del pluralismo y el proceso electoral. Sin embargo, lo ocurrido en 2022 ha sido un retroceso evidente.

Los resultados de la Registraduría en la organización de las elecciones del 13 de marzo dejan mucho que desear. La desconfianza generada entre los ciudadanos y observadores internacionales por la deplorable operación del sistema de jurados electorales, las inconsistencias en conteos preliminares, las debilidades del censo, entre otros temas, indican fallas de una dimensión inédita en años recientes.

Aún quedan dudas sobre la conformación final del Congreso. Las cifras de votos sin contabilizar nos desconcertaron, sin olvidar las desafortunadas declaraciones del Registrador Nacional. Los errores en formularios de 23.000 mesas, incluidas 5.109 mesas en las que según la propia Registraduría pudo haber dolo, son situaciones graves que afectan la credibilidad del sistema. El país confía que se identifiquen responsables, pues el cimiento de la democracia no debe ponerse en riesgo.

La designación de los jurados, cruciales para la transparencia electoral, fue cuestionada y no funcionó bien. No en vano la Registraduría anunció cambios sustanciales en los 690 mil jurados para las presidenciales, buscando garantizar la heterogeneidad política y mejorar las garantías de imparcialidad. Ojalá eso sea una realidad.

Así mismo esperamos que se corrijan las deficiencias en la conformación del censo electoral reportadas por la Misión de Observación Electoral, pues cuando un ciudadano no aparece en el puesto en que se inscribió se restringe un derecho político fundamental. Además, deben investigarse las denuncias sobre posibles sufragios dobles de miles de jurados y adoptarse medidas para que eso no ocurra en mayo y junio.

El expresidente Pastrana y varios sectores políticos han llamado también la atención sobre la contratación para la adquisición de un software para escrutinio de votos. Sospechas que deben ser examinadas a fondo por las autoridades. En este campo, ha sido lamentable la demora para contar con la auditoría internacional solicitada por el propio Consejo Electoral para los exámenes forenses de los sistemas informáticos utilizados en marzo y los que se emplearán en mayo. La democracia requiere transparencia sobre este tema. El próximo domingo, cuando irán a las urnas más de 20 millones de votantes, esperamos que exista un sistema de información confiable que defina a tiempo los resultados, y que asegure que no se pierdan sufragios en las mesas de votación ni en la transmisión de datos.

Es preocupante el entorno de dudas sobre la gestión de la entidad que organiza nuestras elecciones. De cara a las presidenciales es fundamental que todos los candidatos tengan equipos sólidos de testigos para la vigilancia electoral dadas las debilidades que se han evidenciado. Los órganos judiciales y entes independientes de control deben estar vigilantes, para que tengamos garantías de unas elecciones legítimas y diáfanas conforme a nuestra Constitución. Está en juego la estabilidad institucional, precisamente en uno de los años más críticos para la democracia colombiana.