Nos agobia la inseguridad

En Colombia la inseguridad desde hace décadas ha pasado por ‘ires y venires’ y se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo y el bienestar. Desde los años 80 los presidentes han llegado a la Casa de Nariño con su ‘plan de paz’ debajo del brazo para hacerle frente a los problemas de violencia. Y aunque en algunos períodos ha habido avances, hay momentos en los que la incertidumbre y el miedo que vivimos indican que estamos a años luz de llegar a consolidar una paz verdadera y estable.

El presidente Petro no ha sido la excepción. Su administración se ha embarcado en la “paz total” para reducir la violencia a través del diálogo con insurgencias armadas y grupos criminales. Sin embargo, lo que hemos experimentado en estos ocho meses es que estamos encajonados en un proyecto sin objetivos claros y sin estrategia transparente.

La Fundación Ideas para la Paz informa que el primer semestre del Gobierno que comenzó en agosto de 2022 tuvo el número más alto de enfrentamientos entre grupos armados desde 2016. La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado ubica a Colombia, después de República Democrática del Congo, como el segundo país con mayor criminalidad entre 192 naciones, y como el 1 entre 35 de las Américas.

Padecemos la violencia de grupos guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y organizaciones criminales que se disputan el control de los territorios generando inseguridad urbana, homicidios, masacres, confinamientos, desplazamientos forzados, trata de personas, extorsiones, secuestros, reclutamiento de niños y otros ataques que se están expandiendo en forma demencial.

Es necesaria una orientación integral y viable para reducir esa violencia a su mínima expresión. El Gobierno está, simultáneamente, impulsando negociaciones con el Eln y las disidencias de las antiguas Farc, acercándose al Clan del Golfo y a 50 grupos criminales pequeños. Es imposible torear tantos toros bravos al mismo tiempo. Pretender lidiar con todas esas organizaciones al unísono puede llevar la paz total a una ‘ficción total’, si no existe claridad sobre la hoja de ruta a seguir con cada actor. Hechos como el cese al fuego ‘bilateral’ sin compromisos de los grupos criminales, o la evidente reducción de la presión militar sobre actores violentos, solo muestran desorden y desgobierno. Mientras tanto, los ilegales siguen consolidando su fuerza e imponen temor sobre las comunidades.

La inseguridad ha estado alimentada por problemas diversos, que incluyen dimensiones sociales y económicas, pero también se relaciona con la debilidad del Estado para hacer frente al delito transnacional que por décadas ha alimentado a la violencia interna. Si bien es fundamental seguir con los diálogos, también es urgente exigir más compromisos de los violentos con los que se negocia. El Gobierno debe tener una estrategia rigurosa que incluya pactos concretos previos al cese de hostilidades; acciones que recuperen el control territorial del Estado en todo el país y la presencia institucional en las zonas más vulnerables; y consolidar el Estado de Derecho, lo que implica fortalecer la justicia y las autoridades responsables por el cumplimiento de la Ley.

Ante todo, el Gobierno debe buscar acuerdos por la paz y la seguridad con todos los sectores de la sociedad. Las intransigencias observadas con varias reformas en las que algunos ministros han ignorado incluso propuestas de sus aliados de coalición solo generan desconfianza y división nacional. La desconexión del presidente con muchos sectores está llevando a que sus proyectos estén agonizando y eso no debe repetirse en el objetivo de recuperar la seguridad y de construir escenarios de convivencia. El país requiere en este campo una hoja de ruta que surja de un análisis nacional amplio, con acciones integrales y concretas para desarticular el crimen organizado y la violencia. La democracia se fortalece cuando hay concertación de un número significativo de opiniones y la paz es un objetivo que solo será posible si surge del más amplio consenso político y social.